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38. La representante de la CIDH describió los mecanismos de la Comisión, entre los que figuraban
las peticiones y medidas precautorias y obligatorias con miras a evitar que los Estados realizaran acciones
que perjudicaran a las personas con discapacidad, así como medidas de promoción, tales como informes
temáticos sobre cuestiones que hubieran llamado la atención de la Comisión. Destacó la importancia del
tema de la dignidad de toda persona como sujeto de derecho y mencionó que la Comisión reconocía que,
para tener una igualdad genuina de las personas con discapacidad, se debería apelar a la igualdad de
resultados y no solo de tratamiento, la única manera de compensar las fallas de la sociedad en lo referente
a dar apoyo a las personas con discapacidad. Explicó que, sin ajustes razonables y herramientas para tener
educación, transporte adecuado, entre otros, la igualdad se convertía en un derecho vacío. Añadió que,
pese a los avances en el ámbito legislativo, existían en la región brechas significativas entre las políticas y
la legislación, que la Convención debería y podía cerrar.
39. La oradora insistió en que el marco legal no era una panacea, sino una herramienta necesaria que
debería ir de la mano con la educación y la conciencia. Presentó detalles de casos de violaciones de los
derechos por causa de discapacidad que se habían presentado ante la Comisión y que involucraban a
personas del Ecuador, Guatemala, el Paraguay y Trinidad y Tabago, y resaltó que muchas de las
situaciones que se habían examinado hasta la fecha se referían a personas institucionalizadas, incluidos
losniños. A continuación, anunció la creación en el seno de la Comisión de una nueva unidad de derechos
económicos, sociales y culturales, que ella presidiría. Recalcó que esos derechos eran indicadores clave
de inclusión y no discriminación, a la vez que medios fundamentales para empoderar a las personas con
discapacidad y asegurar que participaran activamente en la sociedad. Recordó el vínculo entre la
discapacidad y la pobreza, que a menudo se debía al escaso acceso a la educación, al trabajo y a la salud,
entre otros derechos culturales y socioeconómicos. En ese mismo sentido, comentó que la Comisión
observaba el mayor riesgo de discapacidad a que estaban sujetas las personas indígenas y las mujeres,
además de nuevos desafíos que surgían de la confluencia con otros tipos de violaciones de los derechos
humanos, tales como la trata de personas, el abuso, el maltrato sexual y, en particular, los problemas
relacionados con los derechos de salud sexual y reproductiva y sus implicaciones en el contagio del
VIH/SIDA. Antes de concluir la intervención, alentó a los participantes a presentar más asuntos ante la
Comisión. Explicó que esta necesitaba examinar dichos temas para poder destacarlos en los foros
internacionales y regionales, y así derivar enseñanzas de ellos.
40. El Relator sobre Capacidad Jurídica del CEDDIS hizo una exposición sobre los principales
obstáculos al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. A continuación, presentó
los antecedentes, fundamentos y objetivos de la Relatoría. Incluían, entre otras cosas: i) luchar contra los
estereotipos y la discriminación de las personas con discapacidad; ii) reconocer su capacidad de ejercer
sus derechos por sí mismas con apoyos y salvaguardas, si fuera necesario, y iii) realizar campañas
nacionales y regionales con miras a armonizar la implementación de la Convención interamericana y de la
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y promover los derechos de esas
personas en el marco del modelo social de la discapacidad. En el contexto de la Relatoría, se había creado
un cuestionario de tres partes para entrevistar a integrantes de los tres poderes del Estado sobre: i) el
acceso a la justicia para las personas con discapacidad; ii) la aplicabilidad y efectividad del régimen de
curatela para el ejercicio de la capacidad jurídica de los sujetos de interdicción, y iii) el impacto en los
países de la región, tras el cambio de paradigmas surgido en virtud del artículo 12 de la Convención sobre
el igual reconocimiento como persona ante la ley y a partir de las acciones del Comité. Las respuestas a
estas preguntas habían revelado dificultades en la comprensión de la normativa vigente y cómo llevarla a
la práctica, así como la presencia de estereotipos y percepciones negativas, e incongruencias y
confusiones legales y conceptuales, por ejemplo, en relación con los criterios de clasificación de la
discapacidad, que eran muy distintos de un país a otro.