Tratado de derecho electoral comparado - International IDEA

EL CONTENCIOSO ELECTORAL, LA CALIFICACIÓN ELECTORAL 1245
bida de algún ciudadano; dos cuestiones íntimamente relacionadas, pero
que constituyen actos distintos (por lo general, inmersos en la preparación
de la jornada electoral), son la impugnación de la publicación general del
padrón o registro electoral o de los listados globales definitivos de electores.
Como se verá en el siguiente apartado, mientras que la legitimación
para impugnar el primer tipo de actos, generalmente corresponde a los
ciudadanos interesados, la de los segundos se le confiere a los partidos
políticos.
b) Régimen de los partidos políticos y su democracia interna. En cuanto al
régimen de los partidos políticos, es posible distinguir los siguientes tipos
de actos impugnables:
i) Declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad de un partido político,
así como determinaciones sobre el otorgamiento, negativa o cancelación
del registro respectivo. En efecto, los actos susceptibles de impugnación vienen
a ser, por una parte, los relativos a la constitución, funcionamiento o
extinción de los partidos políticos, así como los que se refieren a la inscripción
o registro de tales partidos (o de otras agrupaciones políticas), o bien,
la negativa, suspensión o cancelación del mismo.
Siguiendo el sistema alemán, 34 los artículos 15 y 82, numeral 7, de la
Constitución Política de la República de Chile establecen la competencia
del Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de los
partidos políticos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos,
actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen
democrático y constitucional. 35
34 En conformidad con lo dispuesto en la Ley Fundamental de Bonn de 1949, el Tribunal
Constitucional Federal proscribió en 1952 al Partido Socialista del Reich y en 1956 al Partido
Comunista de Alemania.
35 Por lo que se refiere a España, el Tribunal Supremo en Sala Especial del artículo 61 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial —conformada por el presidente del Tribunal Supremo, los
presidentes de sala, así como el magistrado más antiguo y el más reciente de cada una de
ellas— tiene competencia para declarar ilegal un partido político “cuando su actividad vulnere
los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir
el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático”, conforme
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos; asimismo,
dicho órgano jurisdiccional es competente para acordar la disolución de un partido político
no sólo cuando su actividad vulnere en forma reiterada y grave los principios mencionados
con anterioridad sino “cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de
una estructura interna y un funcionamiento democráticos”, en el entendido de que en contra
de la sentencia del referido Tribunal Supremo en Sala Especial sólo procede el recurso de