Tratado de derecho electoral comparado - International IDEA

1158 EL CONTENCIOSO ELECTORAL, LA CALIFICACIÓN ELECTORAL
hacen coexistir con un control jurisdiccional previo 8 o posterior, 9 lo que les
convierte en sistemas contenciosos mixtos.
Entre los sistemas contenciosos jurisdiccionales es posible distinguir,
según los medios de impugnación sean interpuestos ante la jurisdicción
ordinaria (esto es, el propio Poder Judicial), una jurisdicción especializada
en materia electoral autónoma (los llamados tribunales o cortes electorales,
predominantes en América Latina), una jurisdicción constitucional, o
bien, ante alguna combinación de las anteriores jurisdicciones, en el entendido
de que la competencia en materia contencioso electoral asignada a
jurisdicciones distintas a las del Poder Judicial principalmente ha pretendido
salvaguardar la naturaleza jurisdiccional de la función de juzgar las
elecciones sin exponer al referido judicial a los eventuales cuestionamientos
y acechanzas político-partidistas. 10
Como se podrá apreciar más adelante, en los países latinoamericanos
se presentan diversos tipos de contencioso electoral —administrativo,
jurisdiccional o mixto (resultado este último de la intervención sucesiva de
un órgano administrativo, uno jurisdiccional y uno político)—, con gran
variedad de modalidades que resulta relevante puntualizar.
8 Como Estados Unidos, donde se combinan impugnaciones ante un órgano jurisdiccional
de carácter local y, ulteriormente, ante un órgano político: la respectiva Cámara del Congreso,
con motivo de las elecciones de sus miembros, así como el correspondiente colegio
electoral, tratándose de las elecciones presidenciales (Orozco Henríquez 1993b: 25-33, 2001:
47-50).
9 Como ocurre en Alemania, donde las resoluciones del Bundestag sobre las impugnaciones
a la elección de sus miembros, a su vez, pueden ser impugnadas ante el Tribunal Constitucional
Federal (Nohlen, 2001: 61-75; Orozco Henríquez, 2001: 50-51)
10 Si bien hay quien considera que la larga tradición latinoamericana de establecer jurisdicciones
especializadas al margen del Poder Judicial para decidir cierto tipo de casos (laborales,
agrarios, administrativos, militares y los propios electorales), sin que se encuentren sujetas
las resoluciones correspondientes a un control judicial, ha propiciado el debilitamiento
del propio Poder Judicial en la región (Rosenn, 1988: 1258 y 1267-1269). Una alternativa que
pretende rescatar las ventajas y superar las desventajas de los diversos sistemas es la incorporación
de una jurisdicción electoral especializada al respectivo Poder Judicial (como en
Argentina y Brasil, así como, más recientemente, México, Paraguay y Venezuela); piénsese,
por ejemplo, en la fórmula mexicana prevista según reforma de 1996, a través de la cual se
incorpora el Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, propiciando la unidad de
la jurisdicción en dicho poder y puntualizando la independencia y otras garantías judiciales
de los miembros del Tribunal Electoral, pero salvaguardando la autonomía funcional de este
último, tanto administrativa como jurisdiccional, al otorgarle efectos definitivos o inatacables
a sus resoluciones, con lo cual se atiende a la especificidad que reclaman las cuestiones electorales
sin exponer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al eventual desgaste que implica
ocuparse recurrentemente de este tipo de controversias con intereses político-partidistas
encontrados.