Tratado de derecho electoral comparado - International IDEA

EL CONTENCIOSO ELECTORAL, LA CALIFICACIÓN ELECTORAL 1207
3.6. Autonomía financiera
Otro aspecto relevante para evaluar el grado de autonomía de los organismos
electorales y que impacta en la materia contenciosa electoral son sus
atribuciones de carácter presupuestal. En general, pueden distinguirse los
casos en que el anteproyecto correspondiente es formulado por el respectivo
presidente del órgano electoral o por el propio órgano colegiado.
Aun cuando en ninguno de los países analizados se puede hablar de
autarquía financiera de los órganos electorales, se presenta un espectro que
va desde la asignación anual de determinado porcentaje prevista por ley
constitucional (es el caso de Guatemala, donde se prevé el medio por ciento
del Presupuesto General de Egresos Ordinarios, en el entendido de que
en año de elecciones dicha asignación se aumentará en la cantidad que sea
necesaria según estimación del Tribunal Supremo Electoral, llegándose a
facultar al citado órgano para que, de no recibir los fondos requeridos, contrate
préstamos bancarios o solicite ayuda exterior que no comprometa las
finanzas estatales ni su independencia), a los casos en que no se prevé alguna
disposición específica (por ej., Chile, Ecuador y Panamá), por lo que
pudiera interpretarse que se aplican las disposiciones comunes en materia
presupuestal, que habitualmente consisten en realizar gestiones (esto es,
negociaciones) ante la dependencia competente del Ejecutivo, quien es el
encargado de formular el proyecto de presupuesto que se somete a la consideración
y aprobación del Legislativo, o bien, se establece expresamente
que este último es el procedimiento que debe seguirse, llegándose a prever
la modalidad de que si bien el Ejecutivo puede modificar el anteproyecto
del órgano electoral, deberá someter ambos al Legislativo para que éste decida
(Uruguay).
Como estadios intermedios cabe mencionar los casos en que se permite
a los órganos electorales presentar directamente al Legislativo su presupuesto
de egresos (Bolivia y Perú), o bien, se excluye la posibilidad de que
alguna dependencia del Ejecutivo pudiera modificarlos (Costa Rica y, como
parte del correspondiente al del Poder Judicial, México y Venezuela).
Por otra parte, en ocasiones, con el carácter de garantía jurisdiccional
en favor de los integrantes del órgano electoral, no tanto de la institución
en sí, algunos sistemas prevén el principio, derivado también de la
tradición angloamericana, de que las remuneraciones de tales miembros
no pueden ser disminuidas durante el ejercicio de sus funciones (como
ocurre en Argentina, Brasil y México).