Tratado de derecho electoral comparado - International IDEA

1206 EL CONTENCIOSO ELECTORAL, LA CALIFICACIÓN ELECTORAL
procedimientos electorales, máxime que en varias ocasiones el costo (económico,
ya no se diga el político) de la improvisación llegaba a ser mucho
mayor.
Vinculada con la estabilidad y el profesionalismo se encuentra la carrera
“jurisdiccional” electoral que, como otra de las garantías judiciales, se
prevé en diversos países, caracterizada, entre otros aspectos, por el establecimiento
de concursos u otros procedimientos objetivos para el ingreso,
promoción y estabilidad del personal del servicio electoral, como se mencionó
al final del numeral anterior.
3.5. Responsabilidades
El régimen de responsabilidades en los diversos países estudiados presenta
un doble aspecto, como garantía procesal para los miembros de los órganos
electorales en cuanto a no ser destituidos sino después de un procedimiento
en que se demuestre su conducta indebida, así como también la
existencia de mecanismos para imponer medidas disciplinarias e, incluso,
la destitución de tales miembros cuando incurran en conductas indebidas
en el desempeño de sus funciones.
En cuanto al primer aspecto, es frecuente la inmunidad para los miembros
de los órganos electorales supremos durante el periodo del encargo, en
el sentido de que para proceder penalmente en su contra lo debe autorizar
previamente el Legislativo (por lo general, a través de la Cámara Baja, como
en Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala y México), o bien, un órgano judicial
de alta jerarquía (como en Chile, donde es competencia del Tribunal
de Apelaciones de Santiago).
Casi todos los sistemas prevén un régimen disciplinario para el personal
de los respectivos órganos electorales, encomendándosele, en última
instancia, su aplicación al órgano electoral supremo. Por otra parte, es frecuente
que los miembros de los órganos electorales supremos sean sujetos
de juicio político, equivalente al impeachment angloamericano, ante las
cámaras del Congreso (Argentina, México y República Dominicana) o, en
el supuesto de ser unicamerales, el Legislativo acusa y resuelve la Corte
Suprema de Justicia (como en Costa Rica), requiriéndose por lo general de
una mayoría calificada para condenar, o bien, son responsables directamente
ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos y faltas cometidos
en ejercicio de sus funciones (Panamá).