Tratado de derecho electoral comparado - International IDEA

EL CONTENCIOSO ELECTORAL, LA CALIFICACIÓN ELECTORAL 1203
se asigna a los órganos del Instituto Federal Electoral las decisiones de
carácter administrativo, donde la presencia y opinión de los partidos políticos
es relevante, si bien cuidando que ninguna fuerza política pueda inclinar
facciosamente las decisiones respectivas, resultando determinante la
función de los consejeros electorales en el órgano superior de dirección de
dicho Instituto.
Por otra parte, esta dualidad de órganos proporciona, sin duda, un
control interorgánico adicional en un régimen electoral, que propicia la
prevención de conflictos electorales o la eventual reparación de violaciones
por vía administrativa o jurisdiccional —debiendo aspirarse a que esta
última se utilice sólo excepcionalmente—, dando definitividad a las distintas
fases del proceso electoral, en beneficio de la seguridad jurídica, y
garantiza que los actos y resoluciones de las autoridades electorales administrativas
se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad
y legalidad, característica primordial de todo Estado constitucional
democrático de derecho.
3.3. Requisitos de idoneidad y profesionalismo
A pesar de que los órganos electorales a que nos referimos son competentes
en materia contencioso electoral (lo que reclama conocimientos jurídicos
para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación), sólo
la mitad de los ordenamientos de los países analizados prevén como requisito
para el cargo el de ser abogado (algunos, como Colombia, Costa Rica,
Chile, Guatemala y México, exigen, cuando menos, requisitos equivalentes
a los de ministro de la Corte Suprema de Justicia), llegando a requerir una
experiencia de 15 años (como en Chile), en el entendido de que algunos de
los países que no prevén dicho título, implícitamente sí lo hacen respecto
de alguno(s) de sus miembros en tanto que proviene(n) del Poder Judicial
(como ocurre en Perú).
Prácticamente todos los ordenamientos prevén como requisito el ser
ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos, fluctuando la edad exigida
entre un mínimo de 30 años (Venezuela) hasta 45 (en los casos de Perú y
Nicaragua, se prevé también una edad máxima de 70 y 75 años, respectivamente).
De especial importancia —dada la imparcialidad con que se deben
resolver los diversos medios de impugnación electoral— resultan los requi-