Tratado de derecho electoral comparado - International IDEA

EL CONTENCIOSO ELECTORAL, LA CALIFICACIÓN ELECTORAL 1199
de Postulación, integrada por el rector de la universidad Nacional, quien la
preside; el decano de la Facultad de Derecho de la misma universidad; un
representante de los rectores de las universidades privadas del país, y otro
del Colegio de Abogados —cabe recordar que la colegiación profesional en
Guatemala es obligatoria—, electo en asamblea general.
A los anteriores casos deben agregarse los otros órganos electorales
jurisdiccionales que forman parte del Poder Judicial —como ocurre en
Argentina y Brasil—, los cuales tampoco contemplan intervención alguna
de los partidos políticos en su conformación. Los tres magistrados de la
Cámara Nacional Electoral de Argentina, según reforma constitucional de
1994, son nombrados por el presidente de la República, con acuerdo del
Senado, de una terna vinculante integrada por el Consejo de la Magistratura.
Por su parte, el Tribunal Superior Electoral de Brasil se integra, cuando
menos, con siete miembros: tres de entre los ministros del Supremo Tribunal
Federal y dos de entre los ministros del Tribunal Superior de Justicia,
en tanto que otros dos son designados por el presidente de la República de
entre seis abogados propuestos por el Supremo Tribunal Federal.
En cuanto a los órganos electorales en los que en su integración participan
partidos políticos en forma mayoritaria o minoritaria, los miembros
restantes de tales órganos son designados en forma similar a los casos anteriores,
ya sea por el Legislativo (libremente o a propuesta del Ejecutivo o la
Corte Suprema de Justicia), o bien, directamente por esta última. Cabe destacar
que, en general, en algunos países se subraya que los miembros que
no sean postulados por partidos políticos deben ser garantía de imparcialidad
(como en Uruguay, donde se exige para éstos la aprobación de dos
tercios del total de ambas cámaras).
Es importante advertir que, tratándose de los sistemas que sí prevén alguna
participación de partidos políticos, ésta debe diferenciarse entre aquella
que tiene carácter de mera propuesta —entre varias que pretenden encontrar
el consenso entre las fuerzas políticas o el idóneo por parte de quien
designa— (México, tratándose de los consejeros electorales del Consejo General
del Instituto Federal Electoral) y la que equivale a la designación (El Salvador
y Uruguay), ya que en este último caso se corre el riesgo de que el designado
sea estigmatizado como supuestamente parcial (en favor del partido
político que lo postuló) durante el desempeño de sus funciones; incluso, en
Colombia, por lo que se refiere al órgano electoral administrativo, todos los
integrantes (nueve) son nombrados por el Congreso de la República a propuesta
de los partidos políticos y a través del sistema de cifra repartidora. Al