Tratado de derecho electoral comparado - International IDEA

1188 EL CONTENCIOSO ELECTORAL, LA CALIFICACIÓN ELECTORAL
signación de los miembros del órgano electoral supremo; los requisitos
profesionales y apartidistas que deben satisfacer; la estabilidad en el ejercicio
de su encargo (que incluye la llamada carrera “jurisdiccional” electoral);
el régimen de responsabilidades aplicable; su autonomía financiera, y
el ámbito de sus atribuciones normativas en materia contencioso electoral,
25 cuyas características principales se precisan en los cuadros XLIV.3 y
XLIV.4 de este trabajo.
3.1. Consagración jurídica de su independencia o autonomía
Mientras que a los órganos jurisdiccionales electorales de Argentina, Brasil,
México, Paraguay y Venezuela se les ubica como parte del respectivo
Poder Judicial (lo cual implica que sus miembros cuentan con las garantías
inherentes al correspondiente organismo judicial), la inmensa mayoría
de los ordenamientos constitucionales restantes les confieren una amplia
autonomía a los órganos electorales e independencia a sus respectivos
miembros en relación con los poderes públicos tradicionales (Legislativo,
Ejecutivo y Judicial).
Los casos más sobresalientes son los del Tribunal Supremo de Elecciones
de Costa Rica y el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (este último
junto con otros organismos electorales), los cuales son concebidos
implícita o expresamente en la Constitución como un poder al lado de los
tradicionales. Aun cuando los de los demás países no son definidos constitucionalmente
de tal manera, es incuestionable su relevancia, debido a su
amplísima autonomía constitucional, funcional (particularmente, en aquellos
casos en que sus resoluciones tienen carácter definitivo y están al
margen de cualquier posibilidad de revisión por algún otro órgano de gobierno,
tal como ocurre en Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Nicaragua,
Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela) e, incluso, presupuestal.
Cabe advertir que, de acuerdo con la teoría y estructura, constitucional
contemporánea, es posible la existencia de órganos creados constitucionalmente
(piénsese, por ejemplo, en los tribunales o cortes constitucionales),
que no integren alguno de los tres poderes clásicos; en efecto, los ordena-
25 Como puede apreciarse, los anteriores criterios coinciden parcialmente con los señalados
con agudeza por Juan Fernando Jaramillo para establecer el grado de autonomía de los
diversos tribunales electorales (1992: 39), considerándose relevante aludir en este trabajo sólo
a aquellos que resultan trascendentes para el contencioso electoral.