Tratado de derecho electoral comparado - International IDEA

1186 EL CONTENCIOSO ELECTORAL, LA CALIFICACIÓN ELECTORAL
la República, determinar si se debe realizar una segunda vuelta conforme
con lo dispuesto en el artículo 96 constitucional o, incluso, declarar que es
el caso de proceder a una nueva elección. Por lo que se refiere a las elecciones
de diputados y senadores, de acuerdo con lo prescrito en el artículo
64 constitucional, se conserva como facultad de la Cámara de Diputados
y del Senado, respectivamente, el ser “juez de las elecciones, derechos y
títulos de sus miembros en cuanto a su validez”, 23 sin que exista recurso
alguno contra sus decisiones, 24 si bien hay autorizados tratadistas que consideran
que cabría un control judicial por parte de la Corte Suprema de
Justicia (véase Bidart Campos, 1986: 78-80 y 458-462; 1991: 47-64; Haro,
1988: 337-339).
Por su parte, la Cámara Nacional Electoral de Argentina es el órgano
electoral cúspide, al cual se le encomiendan funciones tanto administrativas
como jurisdiccionales relativas a los procedimientos electorales; es el
tribunal superior en la materia electoral previsto legalmente desde 1962 y
constituye una rama de la función judicial compuesta exclusivamente por
miembros de dicho poder. Asimismo, el artículo 42 del Código Electoral
Nacional de 1983 prevé la existencia de jueces electorales y que, mientras
los mismos son designados, corresponde a los jueces federales desempeñar
las funciones respectivas; estos jueces forman parte del Poder Judicial y
son de carácter permanente. La jurisdicción de la Cámara Nacional Electoral
abarca toda la República —en materia federal— y actúa como tribunal
de alzada al resolver sobre las apelaciones contra las decisiones de los
jueces electorales y las juntas electorales nacionales (que no tengan que ver
con los resultados electorales); sus decisiones en la materia judicial son
finales —con excepción de aquellos casos en que procede el recurso extraordinario
de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia— y
tienen fuerza de fallo plenario, por lo que su jurisprudencia prevalece sobre
los criterios de las juntas electorales y de los jueces de primera instancia.
Antes de concluir este apartado, cabe advertir que algunas constituciones
(por ejemplo, Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana
y Venezuela), conservan como facultad de las cámaras o asambleas legisla-
23 Los artículos 2º a 9º del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, así como
1º a 6º del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, establecen los procedimientos
para la sustanciación y resolución de las impugnaciones contra la incorporación de los
diputados y senadores electos.
24 Véase Jaramillo (1992: 47-48); de acuerdo con este autor, la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia le ha confirmado a las dos cámaras la competencia exclusiva sobre el
particular, negando la posibilidad de revisión judicial de tales decisiones.