Tratado de derecho electoral comparado - International IDEA

EL CONTENCIOSO ELECTORAL, LA CALIFICACIÓN ELECTORAL 1179
Entre los órganos electorales subordinados a los citados tribunales
electorales se encuentran las correspondientes juntas electorales —que en
Costa Rica se subdividen en provinciales o cantonales—, y las juntas o
comisiones receptoras de votos; a las anteriores cabe agregar, por su importancia,
al director del Registro Civil en Costa Rica, así como a la Oficina
Electoral Nacional de Uruguay, de la cual depende el Registro Cívico
Nacional, los cuales también conocen de impugnaciones electorales. Es
pertinente mencionar que, con motivo de la reforma de 2002, se puntualizó
que la Junta Central Electoral de la República Dominicana es la máxima
autoridad en materia electoral, cuyo pleno se integra con nueve miembros,
incluyendo al presidente, en tanto que tres de aquéllos conforman la
Cámara Administrativa y los otros cinco la Cámara Contenciosa Electoral,
dependiendo de aquélla las diversas juntas electorales, una en el Distrito
Nacional y otra en cada uno de los municipios.
b) Tribunales electorales contra cuyas resoluciones procede una revisión de
carácter constitucional. En esta sección se incluye a los sistemas que contemplan
la posibilidad de que contra las resoluciones del respectivo tribunal
electoral, ya sea autónomo o perteneciente al respectivo Poder Judicial, se
interponga alguna impugnación, exclusivamente, por cuestiones constitucionales;
esto es, si bien las decisiones de tales tribunales electorales son
irrevisables por la vía ordinaria (en lo que se refiere a su legalidad), en algunos
países las mismas son objeto de control por parte de la justicia constitucional.
En este sentido, es posible distinguir dependiendo de si la impugnación
constitucional es competencia de la Corte Suprema de Justicia
(como ocurre con el Tribunal Supremo Electoral de Honduras y el Tribunal
Electoral de Panamá, cuyas resoluciones pueden ser impugnadas
ante el pleno del mencionado órgano judicial supremo, respectivamente,
a través del llamado recurso de amparo o del recurso de inconstitucionalidad,
así como del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, cuyas
resoluciones pueden impugnarse ante la Sala Constitucional de la correspondiente
Corte Suprema de Justicia mediante el recurso de amparo), o
bien, si la impugnación es competencia del respectivo tribunal o corte
constitucional (en esta hipótesis se encuentra el caso de la Corte Nacional
Electoral de Bolivia, cuyas resoluciones son irrevisables, inapelables
y de cumplimiento obligatorio, salvo aquellas que infrinjan preceptos
constitucionales que pueden ser impugnadas ante el Tribunal Constitu-