Tratado de derecho electoral comparado - International IDEA

1178 EL CONTENCIOSO ELECTORAL, LA CALIFICACIÓN ELECTORAL
ya sea ante el órgano supremo del Poder Judicial (como se presenta en El
Salvador, Honduras, Panamá y Paraguay), ante el respectivo tribunal constitucional
(como es el caso de Bolivia), o bien, primero ante el órgano judicial
supremo y después ante la Corte de Constitucionalidad (como ocurre
en Guatemala).
a) Tribunales electorales autónomos cuyas resoluciones no son susceptibles
de ulterior impugnación. En esta situación se encuentran el Tribunal Supremo
de Elecciones de Costa Rica, el Tribunal Supremo Electoral de Ecuador,
la Junta Central Electoral de la República Dominicana y la Corte Electoral
de Uruguay, los cuales tienen competencia para conocer y resolver en
última instancia las impugnaciones interpuestas contra las resoluciones de
los órganos electorales subordinados —incluyendo, en su caso, las que
reclamen la nulidad de una elección—, así como para practicar el escrutinio
definitivo, entre otras, de las elecciones presidenciales (en lo que se
refiere a Costa Rica y Ecuador, también para vicepresidente) y legislativas.
Como se mencionó, contra las resoluciones de los referidos tribunales
electorales no cabe recurso alguno (al respecto, cabe señalar que en Costa
Rica el art. 103 constitucional establece como salvedad el de prevaricato,
sin embargo, debe advertirse que estrictamente el prevaricato no es un
recurso sino una acción penal en contra de ciertos servidores públicos, además
de que la posibilidad de ejercer dicha acción penal existe sin necesidad
de que expresamente se prevea la referida salvedad, en el entendido de
que los eventuales efectos de ésta no afectan el sentido de las resoluciones
del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica).
Cabe advertir que, por lo que se refiere a Ecuador, las resoluciones del
correspondiente Tribunal Supremo Electoral causan, por lo general, ejecutoria
y ya no pueden ser revisadas a través de recurso judicial o constitucional
alguno, máxime que las reformas constitucionales publicadas el
16 de enero de 1996, al crear un Tribunal de lo Constitucional que sustituye
al Tribunal de Garantías Constitucionales, no prevén entre sus atribuciones
conocer de algún medio de impugnación contra las resoluciones
de aquél. 19
19 Por tanto, quizá podrían considerarse implícitamente derogadas las dos excepciones que
preveía la ley electoral en cuanto a la inatacabilidad de las resoluciones del Tribunal Supremo
Electoral de Ecuador (cuando éste se abstenía de expedir la convocatoria a elecciones o negaba
la inscripción de una proclamación de candidato), las cuales podían recurrirse ante el Tribunal
de Garantías Constitucionales que desapareció con motivo de la reforma indicada.