Tratado de derecho electoral comparado - International IDEA

1170 EL CONTENCIOSO ELECTORAL, LA CALIFICACIÓN ELECTORAL
otros le asignan ambas a un mismo órgano; 15 asimismo, cabe advertir que,
en ocasiones, se contempla constitucionalmente la existencia de órganos
electorales, pero no se regula su integración y ni siquiera su denominación
(por ejemplo, Bolivia y Venezuela).
En la mayoría de los países se ha optado por establecer en las constituciones
sólo principios genéricos sobre el contencioso electoral —siendo
algunos algo más explícitos, al incluir la forma de designación de los integrantes
del órgano electoral cúspide, ya sea administrativo o jurisdiccional—
y dejar a la legislación secundaria, entre otras cuestiones, la regulación
de los aspectos técnicos específicos. Lo anterior obedece a que el
procedimiento para reformar la legislación secundaria es más flexible, si
bien hay casos (como los de Argentina, Guatemala, Nicaragua y Uruguay)
en los que la Constitución exige una mayoría calificada para reformar la
legislación electoral.
Es necesario señalar que, con frecuencia, la regulación de los medios de
impugnación electoral en los países que nos ocupan adolece de vaguedad, en
cuanto que son insuficientes e imprecisas las disposiciones respectivas,
en tanto que en algunos se advierte cierta sobrerreglamentación de la materia,
en ocasiones, compleja y farragosa, todo lo cual dificulta la comprensión
del respectivo régimen contencioso electoral, incluso para el especialista.
Asimismo, muchas veces la regulación del contencioso electoral se
encuentra dispersa en varios ordenamientos; por ejemplo, los países que
tienen, por separado, leyes electorales y de partidos políticos (Argentina y
Chile) o leyes electorales sustantivas y procesales (como en México); igualmente,
los casos en que existe la posibilidad de que las resoluciones de los
órganos electorales sean revisadas por órganos políticos hay que acudir a
las leyes del Congreso o a los reglamentos de las cámaras (Argentina), en
tanto que los que admiten la ulterior impugnación ante la jurisdicción contenciosa
administrativa o la Corte Suprema de Justicia, o bien, ulteriormente,
la Corte Constitucional (por ejemplo Colombia, Honduras y Guatemala,
respectivamente), la misma se encuentra regulada en los códigos o
leyes procesales relativos; del mismo modo, en ocasiones la propia ley electoral
remite a estos últimos para la regulación de ciertos aspectos (como en
los casos de Bolivia, Guatemala y Paraguay); adicionalmente, hay que tomar
en cuenta las leyes orgánicas del Tribunal Electoral correspondiente (Costa
15 Al respecto, véase la integración y forma de designación de los principales órganos electorales
latinoamericanos en el cuadro XLIV.3.