Tratado de derecho electoral comparado - International IDEA

EL CONTENCIOSO ELECTORAL, LA CALIFICACIÓN ELECTORAL 1269
Por otra parte, es conveniente advertir que, de acuerdo con lo dispuesto
en las respectivas legislaciones, la nulidad no puede ser invocada por
quien haya dado causa a la misma (México y Paraguay), según otro principio
general de derecho que establece que nadie puede alegar en su beneficio
los actos de su propia torpeza, plasmado en el brocardo latino nemo
admittitur aut auditur propriam turpitudinem allegans.
a) Nulidad de un voto. Prácticamente todos los ordenamientos electorales
analizados establecen diversos supuestos conforme con los cuales el voto,
individualmente considerado, se estima nulo.
En términos generales, se considera nulo cualquier voto emitido en
forma distinta a la prevista legalmente para ser considerado válido (México);
al respecto, varios países enuncian las distintas hipótesis que pueden
presentarse: por ejemplo, utilización de boletas o papeletas no oficializadas,
no entregadas o, en su caso, no firmadas por la mesa (o su presidente),
junta, jurado o casilla de votación respectiva (Argentina, Bolivia, Perú y
Venezuela); destrucción parcial, mutilación, alteración o tachaduras en las
boletas (Argentina, Bolivia y Venezuela); marcaciones para más de un candidato
o lista (Bolivia, Chile, Perú y Venezuela), o bien, la existencia de más
a lo que ocurre en otros sistemas jurídicos, caracterizándose por los siguientes aspectos fundamentales:
a) la nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de determinado cómputo
y, en su caso, de cierta elección, sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado
plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en el Código,
siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimiento o irregularidades
detectados sean determinantes para el resultado de la votación o elección, y b) la nulidad respectiva
no debe extender sus efectos más allá de la votación, cómputo o elección en que se
actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio
del derecho de voto activo de la mayoría de los electores que expresaron válidamente su
voto, el cual no debe ser viciado por las irregularidades e imperfecciones menores que sean
cometidas por un órgano electoral no especializado ni profesional, conformado por ciudadanos
escogidos al azar y que, después de ser capacitados, son seleccionados como funcionarios
a través de una nueva insaculación, a fin de integrar las mesas directivas de casilla; máxime
cuando tales irregularidades o imperfecciones menores, al no ser determinantes para el resultado
de la votación o elección, efectivamente son insuficientes para acarrear la sanción anulatoria
correspondiente. En efecto, pretender que cualquier infracción de la normatividad jurídico-electoral
diera lugar a la nulidad de la votación o elección, haría nugatorio el ejercicio
de la prerrogativa ciudadana de votar en las elecciones populares y propiciaría la comisión de
todo tipo de faltas a la ley dirigidas a impedir la participación efectiva del pueblo
en la vida democrática, la integración de la representación nacional y el acceso de los ciudadanos
al ejercicio del poder público” (Memoria Tribunal Federal Electoral 1994, México,
1995, t. II), en el entendido de que dicho criterio jurisprudencial fue convalidado y considerado
obligatorio por la actual Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.