Tratado de derecho electoral comparado - International IDEA

EL CONTENCIOSO ELECTORAL, LA CALIFICACIÓN ELECTORAL 1261
por un diputado en ejercicio o electo, en tanto que las de senadores por un
senador electo, el candidato respectivo, o bien una institución o particular
responsable a juicio del propio Senado.
En relación también con los resultados electorales, además de algunos
casos en que se permite que los órganos competentes puedan revisar oficiosamente
la legalidad de los mismos, 12 países le atribuyen legitimación a los
candidatos para impugnarlos (Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile,
Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela, en tanto que
Uruguay sólo para el caso de elecciones legislativas, puesto que reserva a las
autoridades partidarias registradas ante la Corte Electoral la impugnación
de elecciones presidenciales), dos de ellos sólo les otorga el carácter de coadyuvantes
(México, salvo que involucre problemas de inelegibilidad en que sí
pueden ser actores, y Paraguay) y los cuatro restantes no prevén expresamente
legitimación alguna para los candidatos (Argentina, El Salvador,
Guatemala y República Dominicana), si bien podría considerarse implícita,
al menos en el primero de estos últimos. Es claro que la referida legitimación
a los candidatos se encuentra relacionada frecuentemente con el grado
de evolución y características del correspondiente sistema de partidos y, en
este sentido, con la posibilidad o no de candidaturas independientes.
Adicionalmente, siete países establecen acción popular o pública para
impugnar resultados electorales o condiciones de inelegibilidad (Colombia,
Costa Rica, Chile, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela, en el entendido
de que Uruguay la prevé sólo para las elecciones legislativas), en tanto que
además de los partidos políticos y los candidatos se encuentran legitimados
los propios ciudadanos para tal efecto. Lo anterior se considera un factor
fundamental y loable que facilita el acceso a la justicia electoral, si bien debe
advertirse que la eventual proliferación de impugnaciones (incluso, como
estrategia política de algún partido minoritario o perdidoso) puede influir
negativamente en su adecuada sustanciación y resolución por los órganos
electorales competentes (máxime ante plazos tan reducidos), afectando
eventualmente la confiabilidad y legitimidad de determinados comicios.
Vinculado con el problema de ampliar el acceso a la justicia electoral y
la necesidad de evitar que se distorsione el contencioso electoral como
mecanismo indebido de deslegitimación de los comicios, cabe señalar que
si bien la gran mayoría de los regímenes estudiados contemplan la gratuidad
de la administración de justicia electoral —como en México, por ejemplo,
donde se establece como derecho fundamental constitucionalmente
garantizado que el servicio de justicia debe ser gratuito—, en algunos se