Tratado de derecho electoral comparado - International IDEA

1260 EL CONTENCIOSO ELECTORAL, LA CALIFICACIÓN ELECTORAL
4.3. Legitimación para interponerlos
Prácticamente todos los países analizados confieren legitimación a los ciudadanos
para interponer algún medio de impugnación en contra de su
inclusión o exclusión indebida en el padrón electoral o lista nominal de
electores, así como de la negativa a expedirle su respectiva cédula o credencial
para votar. Mientras algunos países confieren también legitimación
a partidos políticos y candidatos —incluso, al ministerio público o fiscal
electoral— para impugnar cualquier resolución relacionada con el
padrón electoral, aunque sólo se refiera a algún ciudadano en lo individual
(Argentina, Bolivia y Costa Rica), en otros se reserva tal legitimación a los
partidos políticos tratándose de la impugnación jurisdiccional al posterior
informe del órgano electoral responsable con motivo de las observaciones
formuladas por tales partidos políticos a la publicación de las listas nominales
de electores (México).
Por otra parte, es frecuente que las decisiones de la autoridad electoral
acerca del registro o negativa del mismo a un nuevo partido político sea
susceptible de ser impugnada, respectivamente, por los otros partidos políticos
o por los ciudadanos interesados en constituirlo.
Por lo que se refiere a los estatutos de los partidos políticos, aun cuando,
por lo general, son los respectivos ciudadanos afiliados y los demás partidos
políticos (en este último caso, cuando se trate de actos de autoridad
que aprueben o convaliden los correspondientes estatutos) quienes se
encuentran legitimados para impugnarlos, cabe mencionar que en Colombia
se prevé que “Cualquier ciudadano, dentro de los 20 días siguientes a la
adopción de la respectiva decisión, podrá impugnar ante el Consejo Nacional
Electoral las cláusulas estatutarias contrarias a la Constitución, a la ley
o a las disposiciones del Consejo Nacional Electoral”.
Asimismo, los 18 países que nos ocupan confieren legitimación a los
partidos políticos para impugnar las resoluciones de los órganos electorales
que los involucran o cuando estiman que las mismas adolecen de ilegalidad
(así como a las correspondientes organizaciones políticas, como en
Argentina y México), así como las encaminadas a la preparación de las
elecciones y las relativas a los resultados electorales o la inelegibilidad de
los electos.
En cuanto a la legitimación para impugnar alguna elección ante un
órgano político, como es el caso de las elecciones legislativas en Argentina,
además de los partidos políticos, las de diputados pueden ser impugnadas