Tratado de derecho electoral comparado - International IDEA

EL CONTENCIOSO ELECTORAL, LA CALIFICACIÓN ELECTORAL 1161
Esta nueva forma de contencioso electoral fue seguida por varias de las
constituciones de la primera posguerra, como ocurrió con la Corte de
Constitucionalidad de Austria de 1920, a la cual no sólo se le confirió competencia
en esta materia sino —como se sabe, bajo la inspiración de Kelsen—
también para controlar la constitucionalidad de todas las leyes y
actos subordinados a la norma fundamental. Resulta relevante aludir asimismo
a la Constitución checoslovaca de 1920 y a la griega de 1927, que
establecieron tribunales electorales especializados para decidir sobre las
elecciones protestadas, en tanto que el de la primera también calificaba
las elecciones o verificaba los poderes de los legisladores; por su parte, la
Constitución polaca de 1921 previó un régimen mixto, toda vez que la Dieta
examinaba la validez de las elecciones sin protesta y el Tribunal Supremo
decidía sobre las elecciones protestadas (Gros Espiell, 1990: 28-31).
La nueva tendencia europea de extraer de las asambleas políticas la
facultad de decidir sobre los reclamos electorales y establecer un contencioso
electoral jurisdiccional repercutió en América Latina, donde combinándose
con la propia experiencia y diversas innovaciones dio lugar en
varios países a la paulatina creación de órganos electorales especializados
(generalmente de carácter constitucional) con funciones jurisdiccionales
y administrativas en la materia —los llamados tribunales (cortes, jurados,
cámaras, juntas o consejos supremos) electorales—, ya sea que tengan
una naturaleza autónoma respecto de los poderes públicos o constituyan
una rama especializada dentro del Poder Judicial, mismos que se
encuentran presentes en todos y cada uno de los países analizados (en el
caso de Argentina, previsto sólo legalmente), y representan una de las peculiaridades
del contencioso electoral en la región.
En efecto, después del referido antecedente jurisdiccional electoral
colombiano previsto en su Constitución de 1886, hacia 1924 en la República
Oriental del Uruguay se crea en el plano legislativo la Corte Electoral (junto
con la organización del Registro Cívico Nacional), encomendándosele el
conocimiento de todos los actos electorales previos a la elección, si bien la
Constitución reservaba a las cámaras el juzgamiento de la elección de sus
miembros y al Senado el de la elección de presidente de la República. Por su
parte, fue la Constitución de 1934 la que le asignó a la Corte Electoral la calidad
de juez de las elecciones de todos los cargos electivos, excepción hecha
de la de presidente y vicepresidente de la República que seguía siendo competencia
de la Asamblea General (entre 1924 y 1942, el legislador optó por
diversas alternativas para la integración de la referida Corte Electoral: nom-