Tratado de derecho electoral comparado - International IDEA

1160 EL CONTENCIOSO ELECTORAL, LA CALIFICACIÓN ELECTORAL
mismos, la facultad de resolver sobre la validez o nulidad de determinada
elección. El referido contencioso político coexistió casi siempre con una
variedad de recursos administrativos susceptibles de ser interpuestos ante
los órganos encargados de la administración del proceso electoral, así
como, en ocasiones, con diversos medios de impugnación ante los órganos
de la jurisdicción ordinaria.
En realidad, la tendencia predominante del contencioso electoral político
en Europa y América durante el siglo pasado no se vio interrumpida
sino con el Election Petition Act de 1868 en Inglaterra, modificado en 1879,
que estableció un contencioso electoral jurisdiccional, en tanto que el juicio
de las elecciones impugnadas se transfirió a dos jueces de la King’s
(Queen’s) Bench Division de la High Court of Justice, previendo que la decisión
concorde de tales jueces sería asumida por la Cámara de los Comunes
(para salvaguardar su soberanía), en el entendido de que ésta es la única
que puede ordenar que se proceda a realizar una nueva elección cuando la
anterior ha sido anulada. 13
Al respecto y ya en el siglo XX, es importante señalar también la Ley
Electoral de 1907 de España, la cual creó el Tribunal de Actas protestadas,
dentro del Poder Judicial, acorde con la tendencia incipiente en la doctrina
y el derecho comparado de conferirle a un órgano jurisdiccional la tarea
que se analiza. Por su parte, la Constitución de Grecia de 1911 también le
asignó tal responsabilidad a un órgano jurisdiccional. Así llegamos a la
Constitución alemana de Weimar de 1919, cuyo artículo 31 preveía que los
poderes de los miembros del Reichstag serían examinados por una Corte de
Calificación Electoral constituida por cinco miembros, de los cuales tres
eran elegidos por el Reichstag y dos designados por el presidente del Reich,
entre los miembros del Tribunal Administrativo, a propuesta de su presidente
(Nohlen, 1992a: 15-25; 2001: 67-68).
13 Cabe advertir que, en los orígenes del parlamentarismo en Gran Bretaña, con motivo de
las primeras impugnaciones electorales que se presentaron en la primera mitad del siglo XV
en Inglaterra, la cancillería se consideró competente sobre el particular (en tanto antecedente
de los tribunales de equity surgidos en forma paralela a los tribunales reales de justicia del
common law y que se encontraban bajo la influencia del canciller, que era un funcionario de
la corona y consejero del rey, bajo Enrique IV de la dinastía de Lancaster), por lo que los tribunales
de la cancillería eventualmente se arrogaron el derecho de modificar los escrutinios.
Sin embargo, en 1604 el Parlamento revocó una decisión de los tribunales de la cancillería
sobre la impugnación de un resultado electoral (a pesar de la protesta del rey en el sentido de
que tales jueces tenían el derecho de decidirlo) reclamando que los miembros del Parlamento
eran los jueces de sus propias elecciones, lo cual rigió hasta el citado decreto legislativo de
1868 (Orozco Henríquez, 2001: 47 y 51).