SENTENCIA N º 140 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ...

al que se expedía para los españoles peninsulares e insulares. Ese documento
hace presumir que su titular goza de la nacionalidad española y quien sostenga
lo contrario ha de acreditarlo.
Es decir, la Administración no puede exigir una plena probanza de la
nacionalidad española de su marido a la interesada cuando aporta al
expediente el único documento de que disponemos la gran mayoría de los
españoles para acreditar nuestra nacionalidad. El DNI se expide, y se expedía
en la década de los sesenta con carácter exclusivo a los que gozaban de la
nacionalidad española. Por lo que se debe presumir español a quien tuviera
expedido a su nombre tal documento.
Se ha de recordar también, como hace la sentencia del TS de 28 de octubre de
1998 que durante los años sesenta y setenta (hasta 1975) existía un claro
deseo normativo en equiparar políticamente al Sáhara a una provincia más del
Estado y que, como tal, tenía sus representantes en las Cortes.
Por último refuerza lo dicho el hecho de que la Administración española
expidiera a favor de la actora y de su esposo un libro de familia en el que
aparece recogido su matrimonio así como el nacimiento de sus hijos.
SEXTO.- La segunda causa en que se fundamenta la Administración para
denegar la pensión estriba en el artículo 17 de la Ley 172/65 , de 21 de
diciembre, según la cual las pensiones del personal marroquí no son
transmisibles, sin que se den, además, los requisitos previstos por el artículo 9
de esa misma Ley que exige que el causante falleciera en las Campañas de
África y Guerra de Liberación”.
Pues bien, la actora ha presentado un claro indicio de que su esposo era
español. Pero de lo que no cabe duda alguna es de que no existe el más
mínimo indicio en el expediente administrativo de que la esposa de la
recurrente tenga o haya tenido la nacionalidad marroquí, máxime, atendiendo
al tiempo en que se le expidió el DNI.
SÉPTIMO.- Así pues no se pueden aceptar ninguna de las razones esgrimidas
por la Administración demandada para denegar la pensión solicitada. Por ello,
la Sala entiende que procede el reconocimiento interesado pues, mientras otra
cosa no se pruebe, la posesión del DNI hace presumir la nacionalidad española
a su titular, sin que sea de aplicación el Decreto de 10 de agosto de 1976 dado
que es de fecha posterior al fallecimiento del soldado.