Cuaderno Derecho Penitenciario N 15 - Ilustre Colegio de ...

CUADERNOS DEDERECHOPENITENCIARIO
en exclusiva el centro directivo, que decidirá, con
carácter ordinario o extraordinario, la clasificación y
destino de los reclusos en los distintos establecimientos
penitenciarios, sin perjuicio de las atribuciones
de los Jueces de Vigilancia en materia de
clasificación por vía de recurso, añadiendo (artículo
31.3 RP) que los traslados se notificarán, si se
trata de penados, al Juez de Vigilancia, y, si se trata
de detenidos y presos a las autoridades a cuya disposición
se encuentren.
Ha indicado además la resolución del Juez, que
le corresponde, en consecuencia, a la jurisdicción
contencioso-administrativa la competencia para
conocer de los recursos que pudieran interponerse
contra el acuerdo del órgano de la Administración
penitenciaria que haya ordenado el traslado.
En particular, el interno invoca contra esa resolución
jurisprudencia de esta Sala, según la cual y si
bien los recursos contra las resoluciones administrativas
que acuerden o denieguen los traslados de
los internos son los previstos en la Ley de la Jurisdicción
contencioso-administrativa, si la resolución
afectase a derechos fundamentales, la tutela de los
mismos correspondería al Juez de Vigilancia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la
Ley Penitenciaria y, por lo tanto, a la Audiencia Provincial
por vía de apelación.
La cuestión, sin embargo, es que fuera de las
alegaciones del recurrente no hay constancia en las
actuaciones, ni siquiera indiciariamente, de afectación
de derecho fundamental alguno que pudiera
atraer la competencia del Juez de Vigilancia Penitenciaria
y, ahora, de este tribunal. En efecto, el
interno invoca su preferencia por ser destinado a
algún establecimiento penitenciario próximo al
lugar de residencia de sus familiares o parientes.
Pero tal preferencia no aparece consagrada en el
Ordenamiento jurídico como un derecho subjetivo,
ni menos aún como un derecho fundamental oponible
a la actuación del Estado, que se presume en
favor del interés general.
Por lo cual, procede confirmar el auto del Juez
de Vigilancia por sus propios fundamentos.
Auto 1042/07, 2 de marzo de 2007, JVP nº 3 de
Madrid. Exp. 578/02.
[190] Gastos del traslado de prisión.
El artículo 318 del reglamento penitenciario es
una norma desafortunada pero claramente en vigor.
Es desafortunada porque no distingue entre traslados
forzosos y voluntarios y porque el límite de 25
kg. de peso es claramente bajo en cuanto el interno
disponga de algún ordenador, televisor, además
de su ropa y calzado, etc. Es una norma que sobre
todo en los traslado forzosos puede crear problemas
a la propia Administración de la que emana en
cuanto que algo hay que hacer con el equipaje si el
penado no tiene dinero. Por ello el párrafo 2° de
este artículo prevé la posibilidad de adoptar otras
medidas en caso de reos sin recursos.
Pero con independencia de ello en el presente
caso debe estimarse la queja no en cuanto al fondo
sino en cuanto a que no se sabe lo que ha ocurrido.
El recluso tenía una cuenta en la prisión pero su
saldo a la fecha de traslado (finales de septiembre
de 2.004) era de unos céntimos. Y por otro lado el
informe del Centro se limita a transcribir el art. 318
del reglamento pero no facilita dato alguno sobre
que era lo transportado, cual era su peso, que fue
lo que tuvo que pagar el interno, en fin las razones
materiales sobre las que se puede decidir si se estima
o no la queja. En ese sentido los autos impugnados
resuelven de acuerdo con un informe que no
es tal, por lo que carecen de motivación real y ha de
ser anulados, para que, previas las comprobaciones
necesarias, se dicten resoluciones que tutelen
judicialmente de modo efectivo.
Auto 1588/06, 17 de abril de 2006, JVP nº 3 de
Madrid. Exp. 392/01.
[191] De enfermería a módulo.
Formula recurso el interno recurrente al entender
que las resoluciones dictadas por el Juzgado de
Vigilancia Penitenciaria vulneran los derechos que
la legislación penitenciaria le reconocen a permanecer
en un Centro Penitenciario radicado en el
lugar donde tenga vinculaciones familiares, sociales,
etc. el interno en dicho Centro Penitenciario.
Establece el artículo 79 de la vigente Ley Orgánica
General Penitenciaria la competencia de la
Administración Penitenciaria en todo lo relativo a la
dirección, organización e inspección de la instituciones
penitenciarias reguladas por la Ley y el artículo
31 del Reglamento Penitenciario declara la
competencia exclusiva de dicha Administración
Penitenciaria para decidir sobre la clasificación y
destino de los reclusos en los distintos establecimientos
penitenciarios.
Pues bien en el presente caso la Administración
Penitenciaria acordó que el interno recurrente
debía permanecer en el Centro Penitenciario de
Navalcarnero tras su traslado a la ciudad de Málaga
para la practica de determinadas diligencias judiciales,
al no constatarse riesgo alguno para su inte-
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