Cuaderno Derecho Penitenciario N 15 - Ilustre Colegio de ...

El recurrente, en efecto, alega y acredita dos circunstancias
sobrevenidas después de la elevación
de la Propuesta de cumplimiento a la que dio su
conformidad, y que son, la ejecución de la sentencia
de separación matrimonial que le asigna un
régimen de visitas a sus hijos que coincidiría con
alguno de los días de trabajo designados en la propuesta
y, por otra parte, la transformación de un
contrato a tiempo parcial en contrato indefinido,
con fecha 15 de diciembre de 2005, después, por
lo tanto, de haber firmado la Propuesta (que lleva
fecha de 22 de noviembre de 2005 y que aprobó el
Juez por Auto de 14 de diciembre de 2005). Siendo
así, según alega, que este segundo empleo le
es necesario para afrontar los gastos de manutención
de sus hijos tras la separación matrimonial.
Así pues, al acoger las razones del recurrente,
el Tribunal entiende estar dando cumplimiento a lo
que ordena el artículo 6.2 del Real Decreto citado,
cuando establece que "la ejecución de esta pena
estará regida por un principio de flexibilidad para
hacer compatible, en la medida de lo posible, el
normal desarrollo de las actividades diarias del
penado con el cumplimiento de la pena impuesta".
No procede, sin embargo, que la Sala de apelación
apruebe, sin más, una nueva propuesta de
cumplimiento, sino que ordene esta resolución que
por los servicios sociales penitenciarios, a los que
el penado deberá dirigirse, se tomen en cuenta las
nuevas condiciones familiares y laborales al efecto
de modificar la propuesta ya existente en los términos
convenientes, a fin de que la pena pueda ser
ejecutada.
Auto 2745/06, 12 de junio de 2006, JVP nº 2 de
Madrid. Exp. 1229/05.
XXIV
TRASLADOS
[188] Competencia de la Administración
Penitenciaria.
Formula recurso el interno recurrente al entender
que las resoluciones dictadas por el Juzgado de
Vigilancia Penitenciaria vulneran los derechos que
la legislación penitenciaria le reconocen a permanecer
en un Centro Penitenciario radicado en el
lugar donde tenga vinculaciones familiares, sociales,
etc. el interno en dicho Centro Penitenciario.
Establece el artículo 79 de la vigente Ley Orgánica
General Penitenciaria la competencia de la
Administración Penitenciaria en todo lo relativo a la
dirección, organización e inspección de la instituciones
penitenciarias reguladas por la Ley y el artículo
31 del Reglamento Penitenciario declara la competencia
exclusiva de dicha Administración Penitenciaria
para decidir sobre la clasificación y destino de
los reclusos en los distintos establecimientos penitenciarios.
Pues bien, en el presente caso la Administración
Penitenciaria al resolver sobre la clasificación del
interno recurrente acordó que el mismo debía ser
trasladado de Centro Penitenciario dado que no
constaba que tuviera vinculación alguna en esta
capital y "presentar conflictos de relación con el
resto de los interno" y ello dentro del marco de las
competencias que le otorga la Ley y el Reglamento
Penitenciario vigente, no constando en el expediente
dato alguno que permita considerar que dicha
resolución constituye en definitiva "una sanción
encubierta" como se dice en el escrito por el que se
interpone el recurso que este auto resuelve, por ello
procede desestimar el recurso formulado.
Auto 4978/06, 19 de diciembre de 2006, JVP nº 1
de Madrid. Exp. 1111/03, en el mismo sentido Auto
1083/07, 7 de marzo de 2007, JVP nº 2 de Madrid.
Exp. 735/06; Auto 1142/07, 8 de marzo de 2007,
JVP nº 3 de Madrid. Exp. 318/05.
[189] Competencia del Juzgado de
Vigilancia sólo cuando se practica
con vulneración de derechos
fundamentales.
La resolución recurrida ante este Tribunal no ha
admitido a trámite la queja del interno, cuya pretensión
es la de que sea revocado su traslado, ordenando
el Juez de Vigilancia en su lugar que se le
destine al Centro Penitenciario de Valdemoro o, en
su defecto, al de Soto del Real o al de Alcalá de
Henares.
El Juez de Vigilancia ha fundamentado su decisión
en las disposiciones del artículo 79 de la Ley
Penitenciaria y del artículo 31 del Reglamento que
lo desarrolla, que establecen que la competencia
para ordenar traslados y desplazamientos la tiene
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