Cuaderno Derecho Penitenciario N 15 - Ilustre Colegio de ...

6.1.81 y 14.7.82, figurando en su lugar, únicamente,
la indicación de que el día 5.1.81 causa baja en
redención por sanciones de dos faltas graves.
Como con razón argumenta la Defensa, además,
el Auto dictado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria
n° 3 de Madrid el día 27 de noviembre de
1995 no es resolución que apruebe una baja en
redenciones, esto es: no es una resolución judicial
que pueda ser invocada como título para excluir del
cómputo de las redenciones el período que comienza
el día 6.1.81 aquélla que aprueba la propuesta
de redención ordinaria, entre otros períodos, del
preventivo comprendido entre los días 27.11.80 y
5.1.81 (20 días). De ninguna forma es lícito ni conforme
a ningún criterio de interpretación deducir de
ella "a contrario sensu", que el recurrente causó
baja a partir del día 6.1.81.
Y, en segundo término, tampoco consta resolución
judicial alguna referida al período comprendido
entre los días 28.7.82 y 3.6.83 respecto de la cual
se deduce, sin hacer mención a ninguna resolución
del Juez, que es un período inhábil de redención al
acumular sucesivamente múltiples sanciones.
En consecuencia, la motivación contenida en los
Autos que ahora se impugnan no puede ser considerada
suficiente, ni puede hacer las veces de las
resoluciones judiciales correspondientes.
No procede que este Tribunal establezca ahora
los períodos de redención ordinaria a que el recurrente
pueda tener derecho, pero sí que estime la
queja del interno, con revocación de los Autos que
combate, para que sean esos períodos estudiados
y le sea consecuentemente aplicada –o denegada,
en su caso– la redención ordinaria que reclama.
Auto 1702/06, 21 de abril de 2006, JVP nº 3 de
Madrid. Exp. 309/06.
[178] El Auto firme que aprobó redenciones
no puede ser revocado.
En el recurso se interesa que se apliquen al interno
redenciones obtenidas después del 25 de mayo
de 1996, aprobadas por resolución judicial firme, que
se reconocían en la hoja de cálculo de fecha 20 de
julio de 2004 y que se suprimieron en la hoja de cálculo
de 20 de julio de 2005, según la dirección del
centro penitenciario, porque el Tribunal Sentenciador
de la única causa del penado en la que estaban
acumuladas causas del Código de 1995 y del Código
de 1993, Sección 17ª de la Audiencia Provincial de
Madrid, expresamente manifestó que debían aplicarse
sólo las redenciones obtenidas hasta la entrada
en vigor del Código de 1995.
Para resolver la apelación debe tenerse en cuenta,
ante todo, que, en principio, la única vía de modificación,
de las resoluciones de los Jueces de Vigilancia
Penitenciaria sobre reconocimiento de beneficios
penitenciarios es la de los recursos legalmente
establecidos, de acuerdo con las reglas generales
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aplicable
subsidiariamente por la expresa remisión de la Disposición
Adicional Quinta de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, así como por exigencias del principio
de seguridad jurídica, ya que las resoluciones
judiciales adquieren firmeza de no interponerse
contra ellas recurso alguno en tiempo y forma por
parte de los sujetos legitimados.
Por otro lado, como ha señalado el Tribunal
Constitucional (vid. STC, Sala Segunda, 174/1989,
de 30 de octubre), es indiscutible que resulta contrario
a la seguridad jurídica que una resolución judicial
cualesquiera pueda ser modificada sin más en cualquier
momento. La inseguridad generada a quienes
resulten afectados por una resolución que en ningún
caso adquiere firmeza es todavía más condenable
cuando afecta a derechos fundamentales sustantivos,
como sucede con las resoluciones de los Jueces
de Vigilancia Penitenciaria relativas a la redención
de penas por el trabajo. En efecto, dicho beneficio
afecta directamente a la libertad personal, derecho
fundamental del que se encuentra transitoriamente
privado un penado en aplicación de la Ley
penal, ya que el período de privación depende en
definitiva de diversos factores, entre los que está la
redención de penas por el trabajo, de modo que no
resulta admisible que la cuantía total del citado
beneficio que concretamente corresponda a un
penado, en aplicación de lo dispuesto por la Ley,
esté siempre pendiente de una ulterior modificación,
ya sea por subsanación de presuntos errores o por
variación de criterios del Juez responsable.
Así pues, atendida la anterior doctrina, consideramos
que las redenciones aprobadas no pueden
ser dejadas sin efecto años después, pues las resoluciones
por las que fueron aprobadas, al no haber
sido recurridas en tiempo y forma ni por el Fiscal ni
por el propio penado, devinieron firmes e intangibles,
y todo ello con independencia de que el penado
tuviera o no derecho a tales redenciones.
En definitiva, la modificación del beneficio aprobado
ha supuesto vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva y del derecho a la intangibilidad
de las resoluciones judiciales firmes, por lo que el
recurso ha de ser estimado y deben mantenerse las
redenciones a favor del interno que figuraban en la
hoja de cálculo de fecha 20.07.04.
Auto 2546/06, 5 de junio de 2006, JVP nº 3 de
Madrid. Exp. 733/05.
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