Cuaderno Derecho Penitenciario N 15 - Ilustre Colegio de ...

CUADERNOS DEDERECHOPENITENCIARIO
que se recurre reúna los requisitos a los que arriba
nos referíamos (no consta, por ejemplo, la expresión
del plazo para recurrir), por lo que, de acuerdo
con lo expuesto, entendemos que el cómputo del
plazo debe efectuarse desde la presentación del
recurso, lo que debería haber conllevado su admisión
a trámite.
Además, no es posible desconocer que, de
acuerdo con los documentos remitidos por el condenado,
al parecer, el recurso sí se habría interpuesto
dentro del plazo de dos meses desde la
notificación del acuerdo y el centro penitenciario de
manera errónea lo habría enviado para su resolución
al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria,
error que, ciertamente, no puede afectar a quien no
es responsable del mismo.
Por tanto, el recurso debe ser estimado, las resoluciones
del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria
han de ser consecuentemente dejadas sin efecto y
el juez "a quo" habrá de dictar un nuevo auto en el
que entre a conocer del fondo de la impugnación
contra el acuerdo de la Junta de Tratamiento.
Auto 1104/07, 6 de marzo de 2007, JVP nº 2
Madrid. Exp. 404/06.
[173] Prueba en el recurso de apelación.
El apelante denuncia en su queja que está recibiendo
un tratamiento incorrecto de la patología
que padece, "esófago de Barnett", por no haberse
llevado a cabo la revisión prevista para el mes de
octubre de 2004 y por haberse hecho caso omiso a
sus reclamaciones.
Sin embargo, pese a lo alegado por el interno, a
la vista del informe remitido por el centro penitenciario
sobre el tratamiento y controles médicos
efectuados al interno (en fechas 07.10.04,
11.10.04, 23.12.04, 21.03.05 y 17.11.05), no observamos
que su caso no esté siendo atendido de
forma correcta y entendemos que la queja se apoya
exclusivamente en apreciaciones personales del
paciente que no encuentran apoyo en datos objetivos
ni en criterios científicos que la justifiquen, por
lo que no se considera vulnerado su derecho a la
salud y a las prestaciones sanitarias y el recurso
debe ser rechazado.
Por otro lado, es forzoso pronunciarse sobre la
petición de diligencias de prueba contenida en el
escrito de recurso (oficio al Ilustre Colegio de Médicos
de Madrid, oficio al centro penitenciario y oficio
al Hospital Gregorio Marañón), en el sentido de
declarar que en el presente procedimiento no se
puede considerar la posibilidad de prueba nueva a
practicar.
Tanto el artículo 231 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal –en sede de la regulación del recurso ordinario
de apelación contra autos–, como el 787.3 –en
sede de Procedimiento Abreviado– en su anterior
redacción anterior a la Ley 38/2002, de 24 de octubre,
exclusivamente admitían como medio probatorio
los documentos justificativos de las pretensiones
de los apelantes presentados antes del acto de la
vista. Por su parte, la Disposición Adicional Quinta
de la Ley Orgánica 5/03, de 27 de mayo, en materia
de recursos de apelación contra los autos del Juzgado
de Vigilancia Penitenciaria, se remite al Procedimiento
Abreviado regulado en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, que en su artículo 766.3 y 4, en
idéntico sentido al señalado y respecto a las apelaciones
contra autos, dispone que al escrito de recurso
se acompañarán los documentos justificativos de
las pretensiones formuladas. Y a mayor abundamiento,
el artículo 790.3 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, al establecer el régimen sobre admisión
de pruebas en las apelaciones contra sentencias,
sólo permite solicitar al recurrente aquéllas que no
pudo proponer en la primera instancia, las propuestas
que le fueron indebidamente denegadas (previa
oportuna protesta) y las admitidas que no fueron
practicadas por causas que no le sean imputables.
Ninguna de las anteriores condiciones concurre
en la solicitud de la parte recurrente, por lo que
debe concluirse que la prueba ha sido incorrectamente
propuesta en esta alzada, lo que conlleva su
inadmisión.
Auto 838/97, 21 de febrero de 2007, JVP nº 3
Madrid. Exp. 962/94.
[174] No cabe recurso de apelación
contra resolución administrativa
que acordó sanción disciplinaria.
Al interno recurrente tras la instrucción del
correspondiente expediente disciplinario se le
impuso una sanción que fue recurrida por el
mismo, dictando en fecha 7 de diciembre de 2005
el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria n° 3 de esta
Capital resolución por la que desestimaba dicho
recurso, al tiempo que expresaba que dicha resolución
no era susceptible de ser objeto del recurso
de apelación que formulaba el interno, pues bien
de conformidad con lo que dispone la Disposición
Adicional Quinta de la Ley Orgánica del Poder
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