Cuaderno Derecho Penitenciario N 15 - Ilustre Colegio de ...

CUADERNOS DEDERECHOPENITENCIARIO
lide el beneficio de la condena condicional y se
abone a la siguiente ejecutoria el período de prisión
cumplido por la condena suspendida, de modo que
el recurso debe ser estimado y, por tanto, debe
constar como fecha de inicio del cumplimiento el
20.11.2000 .
Auto 1156/06, 17 de marzo de 2006, JVP nº 2 de
Madrid. Exp. 416/01.
XIV
MEDIDAS DE SEGURIDAD
[71] El Juzgado de Vigilancia no es
competente para aplicar medidas
de seguridad.
EEl Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, debió
rechazar la competencia. Ciertamente los artículos
97 y 105 del Código Penal, y más tras su reforma
por L.O. 15/03 de 25.11.03, que torna al último
casi ininteligible, no son un prodigio de claridad,
pero es lo cierto que en cuanto a las competencias
del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria no han
sufrido variaciones respecto de la redacción anterior,
o, de haberlas sufrido, son más restrictivas,
pues el legislador, en lo que parece un grosero
error, contempla las medidas de seguridad no privativas
de libertad del artículo 105, no como consecuencias
jurídicas del delito con entidad propia,
sino como acompañantes de las medidas privativas
de libertad.
En ese sentido, ninguna variación legal permite
corregir la doctrina del Tribunal Supremo –ver Sentencia
de 31/3/2.000– que, por otra parte, se atiene
a la letra de la Ley, pues no han sido derogados
los artículos 794 y 985 de la LECr. que encargan
la ejecución de la sentencia al tribunal sentenciador.
Nótese que el artículo 60 del Código Penal
modificado por LO 15/03 atribuye al Juez de Vigilancia
determinadas competencias en materia de
ejecución de penas no privativas de libertad, lo
que sí ha supuesto un cambio respecto de la legislación
anterior. Si el legislador no ha modificado
los artículos 97 y 105 del Código Penal, no cabe
inferir que el juez de Vigilancia, a día de hoy, y con
independencia de lo que pueda ocurrir "de lege
ferenda" tenga otra competencia para conocer de
esas medidas, no a efectos de informar, sino de
establecer su aplicación, esto es de ejecutar la
sentencia. El recurso debe ser estimado.
Auto 463/06, 7 de febrero 2006, JVP nº 2 de
Madrid. Exp. 21/03.
XV
OBJETOS AUTORIZADOS Y PROHIBIDOS
[72] Uso de ordenador personal.
En su queja, la parte recurrente expone la pretensión
de que le sea permitido el uso de un ordenador
personal por razones de estudio que entiende acreditadas
conforme a lo que preceptúa el artículo 129
del Reglamento Penitenciario, ya que existen en el
módulo otros internos autorizados a disponer de uno
propio y, asimismo, expresa su protesta por las innecesarias
- a su juicio- y enormes restricciones a que
es sometido en el Centro el uso de disquetes, de
CD-Rom y de DVD por los internos. La queja se
halla referida, igualmente, a su inadmisión, hasta la
fecha, en el curso de informática que se imparte en
el Centro Penitenciario y, por último, a la petición
subsidiaria de una máquina de escribir eléctrica con
memoria para poder disponer de ella tanto a nivel
privado, como por motivos de estudio.
La cuestión que en este caso ha planteado el
interno no es estrictamente la del uso de un ordenador
para realizar sus estudios, sino la de la posesión
de un ordenador personal propio o, en su defecto,
de una máquina de escribir eléctrica y con memoria.
Así resulta, porque en el Centro Penitenciario se
encuentra destinado precisamente en el Módulo de
internos matriculados en la UNED que, según el
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