Cuaderno Derecho Penitenciario N 15 - Ilustre Colegio de ...

CUADERNOS DEDERECHOPENITENCIARIO
I
1. ART. 10
[1] Requiere especial peligrosidad o
grave inadaptación al régimen
ordinario.
Debe estimarse el recurso. El interno es un
preso preventivo, que goza de la presunción de
inocencia y del que se sabe que pertenece a una
organización -los Latin Kings ¬que recurre a la violencia,
e incluso se le atribuye la muerte de varias
personas. Se sospecha que pueda ser un líder de
futuros grupos de extorsión a otros presos. Ahora
bien, eso puede ser suficiente como para un especial
seguimiento, incluso puede ser un indicio de
peligrosidad, pero la aplicación de los arts. 10 de
la L.O.G.P. y 91-2 del Reglamento requieren que
se demuestre en la prisión una especial peligrosidad
o grave inadaptación al régimen ordinario.
Incluso la fundamentación del Centro Directivo no
es congruente, en cuanto que se refiere a antecedentes
de gran peligrosidad pero luego lo que se
resuelve es aplicar el régimen correspondiente a
la manifiesta inadaptación al tratamiento. Y ello,
cuando los informes dicen lo contrario, esto es
que la respuesta al régimen ordinario y su participación
en actividades es normal y con manifiesto
interés en las actividades formativas. Es posible
que esta persona deba ser vigilada; incluso que
en la medida de lo posible se evite la relación con
quien pueda ser objeto de actividades proselitistas
pero no debe aplicársele el art. 10 de la L.O.G.P.
ni el 91-2 de su reglamento. Se estimará el recurso.
Auto 4471/06, 3 de noviembre de 2006, JVP.
nº 1 de Madrid. Exp. 1207/03.
II
2. ART. 75 R.P
[2] Esta medida debe ser proporcional
a la gravedad de los hechos y
al peligro generado para la seguridad
del centro, y su resolución
debe tener un mínima motivación.
El Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente
que, con las modulaciones y matices que
sean consecuencia de lo dispuesto en el artículo
25.2 de la Constitución, las personas recluidas en
centros penitenciarios gozan de los derechos fundamentales
previstos en el Capítulo Segundo del
Título I de la Constitución, a excepción de los constitucionalmente
restringidos, es decir de aquellos
que se vean expresamente limitados por el contenido
del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la
ley penitenciaria (vid. STC 170/1996, de 29 de octubre).
En el mismo sentido, el Reglamento Penitenciario
dispone en sus artículos 3° y 4° que la actividad
penitenciaria se desarrollará con las garantías
y dentro de los límites establecidos por la Constitución
y la ley; que los derechos de los internos sólo
podrán ser restringidos cuando lo dispongan las
leyes; y que los internos tienen derecho a que la
Administración penitenciaria vele por sus vidas, su
integridad y su salud, sin que puedan, en ningún
caso, ser sometidos a torturas, a malos tratos de
palabra o de obra, ni ser objeto de un rigor innecesario
en la aplicación de las normas.
Por otro lado, el artículo 75.1 del propio Reglamento
Penitenciario señala que los detenidos, presos
y penados no tendrán otras limitaciones regimentales
que las exigidas para el aseguramiento de
su persona y por la seguridad y el buen orden de los
Establecimientos, así como las que aconseje su tratamiento
o las que provengan de su grado.
Estas limitaciones, especialmente cuando se
orientan a garantizar la seguridad y el buen orden
del centro penitenciario, deben ser interpretadas de
manera restrictiva y los acuerdos en las que se
impongan exigen una motivación adecuada para
preservar los derechos de los internos.
En este caso, la resolución cuestionada se dictó
por los incidentes acaecidos el día 05.07.05, en los
que, según consta en el pliego de cargos, el ape-
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