Cuaderno Derecho Penitenciario N 15 - Ilustre Colegio de ...

forme a los arts. 90.1 c) y 95.1-20 del Código Penal
respectivamente), y, de otra parte, el propio Código
sólo se refiere a la eventual inobservancia de las
reglas de conducta (y no de las medidas de seguridad)
en el artículo 93.1. Pero es que en el presente
caso no hay, pese a la dicción literal del auto, tal
imposición. De lo que se trata es de si el penado va
a cumplir el período de libertad condicional dentro o
fuera de España, y el propio penado, consciente de
que es más fácil su reinserción plena en Colombia,
escoge cumplir la fase de libertad condicional en su
país.
No es, por tanto, una imposición sino una opción,
y no por la vía de una muy discutible medida de
seguridad como condición adicional, sino por la vía
autorizada por el artículo 197 del Reglamento penitenciario
que exige la conformidad documentada
del interno y que se tomen las cautelas para que
esa libertad se disfrute en el país fijado. La conformidad
documentada consta, y el auto adopta las
cautelas. Y no hay confrontación entre esta norma
reglamentaria y el artículo 89 del Código Penal, que
permite la expulsión de los extranjeros no residentes
legalmente en España y condenados a penas
privativas de libertad de seis o más años cuando
alcanzan el tercer grado (lo que puede ocurrir en
cualquier momento, pues incluso el llamado "período
de seguridad" que contempla el artículo 36 del
Código Penal es susceptible de ser alzado antes de
cumplirse la mitad de la condena) o cumplen las
tres cuartas partes de la condena (lo que es independiente
de la clasificación y puede producirse
respecto de penados clasificados incluso en primer
grado). Son pues realidades muy distintas, (en las
que, además, la expulsión sustituye parcialmente al
cumplimiento de la pena), a la libertad condicional
en el extranjero en que dicha pena sigue cumpliéndose,
pero fuera de España. No hay, por tanto, ilegalidad
en el Reglamento por oposición al Código
Penal. Y lo más que puede hablarse es de una
desafortunada expresión del auto que no altera la
esencia de lo resuelto.
En cuanto a la anticipación a los dos tercios de
la libertad condicional, es una posibilidad prevista
en la ley (Art. 91.1) siempre que, además de cumplirse
los requisitos de clasificación en tercer grado,
buena conducta e informe favorable de reinserción
del penado, haya éste desarrollado continuadamente
actividades culturales, laborales u ocupacionales
y ello conlleva un juicio de valor a partir de
datos fácticos; sin que conste que el juicio del Juez
de Vigilancia sobre esos datos sea erróneo, pues
en el expediente obra el informe de dichas actividades
emitido por la Junta de Tratamiento el 23.11.05
y más pormenorizadamente el del Educador, de
29.9.05, que se refiere a una actitud de respeto y
colaboración, a la participación en numerosas actividades
y en las tareas programadas de la escuela
y el Taller ocupacional, a los cursos de lavandería y
panadería y a los destinos de limpieza y panadería.
No se advierte error en valorar todo esto como suficiente,
a los efectos del artículo 91.1 del Código
Penal. En consecuencia debe desestimarse el
recurso del Ministerio Fiscal.
Auto nº 1079/2006, de 14 de marzo de 2006,
JVP nº 2 de Burgos. Exp. 192/2005, en el mismo
sentido Auto nº 3668/2006,8 de septiembre de
2006, JVP nº 2 de Madrid. Exp. 1079/2005.
[67] No cabe sin sentencia firme.
El penado ha apelado contra las resoluciones del
Juez de Vigilancia que han revocado la concesión
de la libertad condicional, obtenida por auto de 21
de noviembre de 2003, por haber vuelto a delinquir
durante el período que faltaba para cumplir su condena
y alega que la sentencia de condena en cuestión
no es sentencia firme, por haber sido interpuesto
contra la misma recurso de casación.
En el expediente resulta acreditado que el recurso
de casación contra la sentencia de la Sección
Primera de la Audiencia provincial de La Coruña de
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Revocación
19 de septiembre de 2005 (Rollo 81/05), que condena
al recurrente como autor de un delito contra la
salud pública, fue anunciado y preparado por su
Letrado defensor, por infracción de ley y por quebrantamiento
de forma, así como que han sido
designados abogado y procurador del turno de oficio
para representar al recurrente ante la Sala
Segunda del Tribunal Supremo. Debe estimarse el
recurso de apelación. El artículo 93.1 del Código
Penal dispone que si en el período de libertad condicional
"el reo delinquiere o inobservare las reglas
de conducta impuestas, el Juez de Vigilancia penitenciaria
revocará la libertad concedida, y el pena-
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