Cuaderno Derecho Penitenciario N 15 - Ilustre Colegio de ...

CUADERNOS DEDERECHOPENITENCIARIO
la expulsión del territorio nacional (Art. 96 -3 de
dicha Ley) esta posibilidad ha de interpretarse restrictivamente,
con certeza las incongruencia en las
que incurre las leyes son debidas a modificaciones
apresuradas y parciales, pues una medida de seguridad
de esa naturaleza no tiene sentido durante
una fase de cumplimiento de la pena cual es la
libertad condicional (pues ésta se basa en la ausencia
de peligrosidad y aquélla en su presencia, concopia
de un informe médico fechado (de forma
casi ilegible) en 2003 que certifica el padecimiento
de inmunodepresión (HIV positivo), con pronóstico
desfavorable a medio plazo, a más del Informe
antedicho datado en 2005, que reseña programa
de mantenimiento con metadona, y, en relación a
la enfermedad de base del interno, bronconeumonías
recurrentes, hepatitis crónica y distimia crónica
agravada por situación de duelo que evoluciona
de forma favorable, indicándose la medicación
pautada.
El SIDA es, en efecto, una enfermedad grave e
incurable, pero de su padecimiento, y a falta de
otros datos relevantes, no se concluye, sin más,
un pronóstico infausto próximo, ni tampoco la pérdida
de capacidad para delinquir.
Auto 3220/056, de 3 de Julio de 2006, JVP nº 1
de Valladolid. Exp. 938/05.
[65] No existe.
El recurrente, condenado a una pena de diez
años de prisión por un delito de abusos sexuales,
ha empezado a cumplir su condena el 26 de enero
de este mismo año y solicita la progresión a tercer
grado, a la vez que la libertad condicional por razón
de enfermedad, al amparo de lo previsto en los Arts.
104.4 y 196 del Reglamento Penitenciario.
Pero las enfermedades padecidas por el interno,
según resulta de los informes médicos que obran
en el expediente, incluidos el del Forense y el del
Centro Penitenciario, fechado el día 26 de abril de
2006, no acreditan un estado de enfermedad muy
grave con padecimientos incurables que en atención
a las solas razones humanitarias, autorice la
clasificación en tercer grado pretendida. Es cierto, y
así lo ha entendido la jurisprudencia que estas disposiciones
no deben ser interpretadas en términos
tan restrictivos como si permitiesen sólo la excarcelación
"in extremis" para evitar el fallecimiento en
prisión. Pero, en este caso, los informes facultativos
certifican los padecimientos crónicos o antiguos del
interno o, como indica el Forense, relacionados con
la edad y todos ellos controlados con tratamiento,
pero no reseñan una enfermedad que se prevea
con desarrollo fatal a corto plazo salvo complicaciones
y no indican que el régimen penitenciario ordinario,
a que el recurrente se halla sometido por
ahora, resulte en su caso incompatible con la dignidad
o con la humanidad en lo que aconsejen los
cuidados médicos que haya de recibir.
Por otra parte, para la concesión de la libertad
condicional por razón de edad, falta en este caso el
preceptivo expediente que ha de elevar al Juez de
Vigilancia la Dirección General de Instituciones
penitenciarias y que deberá acreditar, fuera del
tiempo de cumplimiento, los restantes requisitos
que para su concesión establece el Código penal.
Cuestión distinta sería que el penado pueda instar
su clasificación en tercer grado, a pesar de no
haber extinguido aún la primera cuarta parte de su
condena, haciendo valer su trayectoria anterior, la
fecha de comisión del delito, su primariedad delictiva,
su posibilidad de subvenir sus necesidades
materiales fuera del establecimiento penitenciario,
la acogida y apoyo externo con los que cuenta y su
compromiso de pagar a plazos, la responsabilidad
civil mediante el ofrecimiento de que le sea detraída
mensualmente de su pensión una cantidad. En
cuyo momento, podrá promover el expediente de
libertad condicional, por razón de edad, que está
previsto en el artículo 196.1 del Reglamento penitenciario.
Auto 3407/06 7 julio 2006, JVP n.º 1 de Madrid.
Exp. 381/06.
XII-5
Expulsión
[66] Como opción no como imposición.
Posiblemente utiliza el auto impugnado incorrectamente
la expresión de acordar la libertad condicional,
bajo la condición de que el penado sea
expulsado del territorio nacional. En puridad, aunque
la Ley permite imponer reglas de conducta y
medidas de seguridad durante la libertad condicional
(Art. 90-2 del Código Penal) y entre ellas estaría
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