Cuaderno Derecho Penitenciario N 15 - Ilustre Colegio de ...

es el acuerdo de la Junta de Tratamiento, sin que
conste que se haya solicitado por el penado la remisión
de los correspondientes informes al Centro
Directivo, conforme a lo previsto en los artículos
76,2,f) de la Ley Orgánica General penitenciaria y
31 del Reglamento Penitenciario, para que éste
órgano dictara la oportuna resolución, que era la
única que podía ser recurrida ante el Juzgado de
Vigilancia Penitenciaria.
Por tanto, la decisión del juez "a quo" es plenamente
ajustada a derecho, dado que no podía ejercer
su competencia en materia de revisión de
grado, ante la inexistencia de resolución administrativa
del órgano competente, motivo por el que el
recurso debe ser rechazado.
Auto 311/07 de 25 de enero 2007. JVP Nº 3 de
Madrid. Exp. 828/2003, en el mismo sentido Auto
665/07. 13 febrero de 2007, JVP 3 de Madrid.
Exp. 1645/1999, Auto 1087/07, 6 de marzo de
2007, JVP nº 3 de Madrid. Exp. 160/05.
[39] En casos de recursos de clasificación,
una vez impugnada la
propuesta de la Junta de Tratamiento
ante la DGIP, si ésta se
retrasa en resolver no es necesario
esperar a su resolución para
acudir ante el JVP.
El recurso debió ser admitido a trámite. Es lo
cierto que el penado se refiere a la propuesta de la
Junta de Tratamiento de 10/5/06, pero a continuación
añade que la resolución de la Dirección General
no se le notificó hasta el 24/8/06, quejándose de
los más de tres meses transcurridos. No sólo eso si
no que el recurso se entabla el 25/8/06 y al recurrir
en reforma se aporta copia de la resolución impugnada
de fecha 11/8/06 (aunque se notificara 13 días
después). Por tanto, no cabe afirmar como hacen
los autos impugnados que no consta que se haya
solicitado el pronunciamiento de la Dirección General.
A partir de aquí, el Tribunal puede anular los
referidos autos o, lo que es más justo, resolver
sobre la petición de fondo, si tiene datos para
hacerla y evitar dilaciones. Y lo cierto es que los
datos los tiene, pues consta en los antecedentes
del penado que, tras quebrantar un permiso hace
cinco años, tornó al cumplimiento de su condena,
que se ha reanudado el disfrute de permisos, que
desde hace más de ocho meses está clasificado en
segundo grado pero en el sistema mixto que combina
con la variante propia del tercero de salir los
fines de semana, y no hay datos de mal uso de esta
mayor libertad sino, por el contrario, la alegación
creíble de tener una oferta de trabajo en el seno del
programa "ÍCARO". En consecuencia se estimará
el recurso sobre el fondo del asunto y se acordará
la progresión del penado a tercer grado inicialmente
en régimen abierto restringido manteniendo las
salidas de fin de semana (Art. 82 Y 87 del R. P.) que
pasará a ser pleno (Art. 83) sin necesidad de nueva
resolución, tan pronto como conste la vigencia
actual de una oferta de trabajo en favor del penado.
Auto 1109/07 de 7 de marzo de 2007, JVP nº 3
de Madrid. Exp. 298/2001.
[40] Notificación defectuosa.
Tanto la Ley 30/92 26.11.92 de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas del Procedimiento
Administrativo Común (Art. 89.3) como la Ley Orgánica
del Poder Judicial (Art.248.4) establecen la
obligación de notificar las resoluciones con expresión
de los recursos que caben contra las mismas,
órgano ante el que han de interponerse y el plazo
para hacerlo.
El Tribunal es consciente de que, ni el artículo 76
de la L.O.G.P., ni los artículos 31, 103-5 y 105-2 del
Reglamento Penitenciario, ni la Disposición Adicional
5 a de la LO PJ, establecen cuál sea ese plazo.
Quizá lo más razonable, toda vez que se está
impugnando una resolución administrativa, sea
pensar que el plazo es el de dos meses previsto en
el Art. 46 de la Ley 6/98 de 13 de Julio, reguladora
de la jurisdicción Contencioso-Administrativa, aplicable
analógi-camente, toda vez que el Juez de
Vigilancia Penitenciaria no es un órgano jurisdiccional
contencioso. Pero que la Administración tenga
una dificultad o un problema de interpretación para
fijar (provisionalmente y sin perjuicio de recurso
también en este punto) cuál sea el plazo de impugnación,
no le exime del deber de hacerlo o, de lo
contrario, la notificación de sus resoluciones adolecerá
de un defecto. Cuáles sean las consecuencias
de una notificación defectuosa es algo que en
general ya ha sido estudiado y, en el caso concreto,
puede resumirse en que no se inicia el cómputo
del plazo para recurrir hasta que la notificación se
produce correctamente o el interesado se da por
correctamente notificado, y esto último puede pro-
21