Organización sanitaria y de la higiene pública en la provincia de ...

unió un tercer soporte constituido por el sistema asilar, para el acogimiento de pobres
con condiciones objetivas de pauperización -infancia desvalida, disminuidos físicos,
vejez y viudedad- y para el encierro de mendigos y pobres “falsos” en general.
La polémica y el debate en torno a la conveniencia de hacer pivotar la
beneficencia sanitaria en la asistencia hospitalaria versus en la domiciliaria, fue una
herencia de los círculos reformistas de la segunda mitad del setecientos, que perduró
a lo largo del siglo XIX. No obstante, es necesario apuntar que el triunfo finalmente
recayó en el modelo que potenciaba la hegemonía de los hospitales y que respondía a
la propuesta provincializadora más conservadora de la corriente liberal. La intención
de limitar la hegemonía de los grandes establecimientos, únicamente fue clara en el
modelo liberal de talante progresista propugnado por la Ley de Beneficencia de 1822,
en el marco del Trienio Liberal, que por otra parte atribuía al municipio el papel
hegemónico en la organización de la beneficencia, y potenciaba la intervención
mediante la actuación domiciliaria 80 . Por el contrario, en el modelo que resultó de las
Leyes de Beneficencia de 1849 y de Sanidad de 1855, la beneficencia domiciliaria
quedó relegada a un papel secundario. Si algo cabe destacar de la Ley de
Beneficencia, en relación con la modalidad domiciliaria, fue la limitada visión que
ofrecía de ella, al considerarla exclusivamente como una forma de proporcionar
socorros a los pobres en forma de especie, a la que cabe sumar la debilidad financiera
de un modelo sustentado en limosnas y suscripciones voluntarias. Es comprensible
que la asistencia domiciliaria no hallase en esta ley el marco apropiado para su
desarrollo.
El marco legislativo que ofreció soporte a la beneficencia médica
domiciliaria, fue la Ley de Sanidad de 1855 -texto que cristalizó el modelo sanitario
liberal en España- pero cuya preocupación fundamental se centró en preservar la
salud pública, por medio de medidas encaminadas a evitar las invasiones epidémicas,
basadas en un extenso y minucioso desarrollo de la organización de la sanidad
marítima. Por contra, el desarrollo y organización de la asistencia médica
domiciliaria no disfrutó del mismo espacio en esta ley, que con escasa firmeza, en su
80 A propuesta del entonces diputado Mateo Seoane se planteó la obligación de que los ayuntamientos
proporcionasen los facultativos necesarios para la asistencia de los pobres a cargo de los fondos
públicos municipales, tal como relata Peset, J.B (1876: 199).
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