Organización sanitaria y de la higiene pública en la provincia de ...

días tras la elección de los facultativos, los alcaldes harían llegar al gobernador de la
provincia una copia de los títulos académicos y del contrato efectuado.
El papel que este reglamento otorgaba al gobierno civil se centraba en la
supervisión de la adecuación de los títulos académicos de los profesionales
sanitarios, así como de sus contratos. La junta provincial de sanidad se constituía en
el organismo encargado de llevar el inventario de los facultativos municipales,
pueblos de la provincia en que servían, y número de expediente, con la finalidad de
elaborar la estadística, informar a los municipios y demás corporaciones
administrativas ó científicas, y al gobierno, así como de librar a los interesados las
certificaciones que pudiesen serles necesarias.
Antes de finalizar el siglo, todavía vio la luz un nuevo reglamento, el del 14
de junio de 1891, cuya aportación en el terreno organizativo fue escasa en relación a
los que le precedieron, ya que mantuvo la organización de la asistencia en los
mismos términos que el reglamento de 1870, tanto en lo relativo a la facultad de los
municipios para contratar profesionales sanitarios para atender el servicio benéfico,
como en su cuantía y distribución en función del tamaño de las poblaciones. No
obstante, esta situación de continuidad afectó más a las poblaciones pequeñas, que en
realidad eran las que habían puesto en marcha en mayor o menor grado la
beneficencia pública domiciliaria, y a las que el nuevo decreto no impuso innovación
alguna.
Sin embargo, en las grandes poblaciones, el impulso en el desarrollo de la
salud pública, que en general comenzó a ponerse en evidencia en la última década
del ochocientos, despertó el interés de los grandes municipios por asumir aquellas
competencias que en el terreno de la asistencia benéfico-sanitaria habían merecido
hasta el momento escasa atención. Si bien la mayoría de capitales de provincia
habían hecho caso omiso a los intentos de organización propuestos hasta la fecha
para implantar la hospitalidad domiciliaria, con la publicación de este nuevo
reglamento asistiremos a un cierto despegue en su desarrollo, reflejado en la
disposición de elaborar un “registro de pobres” con derecho a la asistencia gratuita en
las grandes ciudades, y en la contratación de facultativos municipales, a quienes
además de sus deberes propios les atribuía la competencia de atender el servicio de
las casas de socorro.
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