Organización sanitaria y de la higiene pública en la provincia de ...

Ante la necesidad de proveer una plaza de titular, el ayuntamiento, asociado a
doble número de mayores contribuyentes, debería designar la clase de partido y las
condiciones del contrato a celebrar. Una vez remitida al gobernador el acta del
acuerdo tomado por el ayuntamiento, y obtenida su conformidad, debería publicarse
la vacante en el “Boletín de la provincia”, estableciéndose un plazo no inferior a
veinte días para que los aspirantes presentaran al alcalde sus solicitudes, tras el cual
éste las remitiría al gobernador para hacerlas llegar a la junta provincial de sanidad,
que valorando los méritos de cada uno de los aspirantes propondría en caso de que
hubiese varios, una terna con los de mayores méritos, para que el ayuntamiento
correspondiente eligiera. La duración de los contratos se establecía en cuatro años.
Un nuevo reglamento a cargo del gobierno de la I República, se publicó el 24
de Octubre de 1873 para poner en práctica los preceptos de la Constitución de 1869 y
de la Ley Municipal de 1870, guiados de un espíritu descentralizador que intentaba
devolver al municipio la administración de sus intereses particulares. Con arreglo a
este criterio, el gobierno sólo debería intervenir en los asuntos relacionados con la
administración de los ayuntamientos, en los casos en que entrasen en conflicto dos o
más municipios en lo que pudiera verse afectada la salubridad de la nación.
Llevado al terreno de la organización de la asistencia sanitaria, ello se
traducía en la adquisición de una autonomía plena por los ayuntamientos, a la hora de
contratar a sus facultativos titulares, perdiendo la dependencia del gobierno civil que
establecían la Ley de Sanidad de 1855 y el reglamento de 1868, para realizar la
elección más oportuna de los facultativos. Sin embargo, la mayor autonomía
municipal concedida por este reglamento, fue vivida con recelo por la profesión
médica, al considerar que ni la voluntad de la mayoría de los municipios, ni el estado
de los presupuestos municipales, favorecerían el desarrollo de la asistencia sanitaria
de los pueblos y las condiciones laborales de los profesionales sanitarios a su
cargo 756 .
756 En este sentido, Alafont (1873) hacía una crítica el reglamento, planteando las carencias u
omisiones que acarrearían perjuicios importantes para la clase médica. Entre éstos, lamentaba la falta
de regulación de las remuneraciones que los ayuntamientos debían pagar por los servicios sanitarios, y
la omisión de los criterios para catalogar a los vecinos como pobres, que quedarían a la arbitrariedad
de los ayuntamientos. Otro punto criticado era la prioridad para ocupar una plaza de médico
municipal, concedida en el reglamento a los médicos con titulación expedida por las universidades
oficiales, sobre los que lo obtuvieron de las escuelas libres.
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