Organización sanitaria y de la higiene pública en la provincia de ...

aumento de 13543 r.v., sin resultado ni objeto alguno loable, haciendo
que las retribuciones que hoy se están pagando bajo un sistema
equitativo, resultan después desproporcionadas, demasiadamente
lucrativas, y hasta exageradas […]” 751 .
Otro argumento esgrimido contra la puesta en práctica del decreto, fue la
definición de las personas que deberían ser consideradas como pobres en su artículo
5º, y que consideraba como tales, en primer lugar a los vecinos que no contribuyeran
directamente con cantidad alguna al erario, ni fueran incluidos en los repartos para
cubrir los gastos provinciales y municipales, ni recibieran del estado, de la provincia,
del ayuntamiento o de un particular, sueldo suficiente para cubrir las más precisas
necesidades de la vida. En segundo lugar, todas las personas que formaran parte de
las familias de estos vecinos, así como los desvalidos que accidentalmente se
hallasen en el pueblo o transitasen por él. Anualmente, los alcaldes deberían elaborar
una lista de los vecinos cuyas familias tuviesen que recibir asistencia gratuita, dando
una copia a cada uno de los facultativos titulares. Esta definición administrativa de la
pobreza, también fue objeto de crítica, pues algunos alcaldes argumentaban que el
hecho de contribuir al erario público no eximía de la consideración de “pobre” a
muchos vecinos cuya contribución era con cantidades mínimas, pero sin querer ello
decir que dispusieran de renta suficiente para cubrir las más precisas necesidades de
la vida. Un ejemplo de este argumento lo encontramos en el acta enviada por el
alcalde de Benicolet:
“[…] Nos hallamos convenidos de la imposibilidad de poder este pueblo
satisfacer las asignaciones del médico, cirujano y farmacéutico, por ser
éstas excesivas, lo cual consiste en que en este pueblo se halla la
propiedad muy repartida, de que resulta que cuasi todos los vecinos
contribuyen discretamente con alguna cantidad al erario, habiendo
algunos que lo hacen por la ínfima de un real.
De lo expuesto resulta que en este pueblo las asignaciones de los
expresados facultativos no guardan relación con su vecindario y riqueza,
751 Acta del Ayuntamiento de Alcira de 7 de junio de 1854, en respuesta a la propuesta del Real
Decreto 5 de abril. A.D.P.V., D.2.2., caja 39, 1854.
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