Organización sanitaria y de la higiene pública en la provincia de ...

No obstante, esta obligación nunca supuso una carga asistencial importante para el
hospital, dada la escasa demanda que la lejanía geográfica motivaba 642 .
El soporte económico de los establecimientos de beneficencia que
contemplaba la ley de 1849 se sustentaba en los fondos económicos procedentes de
limosnas, fundaciones, memorias y obras pías, así como las rentas propias, derechos
y acciones de los establecimientos existentes. Con este planteamiento, las
dificultades económicas fueron el denominador común de la mayoría de las
instituciones benéficas y asistenciales existentes en todo el estado español 643 . La
novedad que se introdujo en esta cuestión con la Ley de Beneficencia, consistía en
incorporar a los fondos de beneficencia las cantidades que pudieran ser
presupuestadas por los organismos públicos, es decir en los presupuestos estatales,
provinciales y municipales. De este modo, los establecimientos pertenecientes a la
beneficencia pública comenzaron a partir de estos momentos a formalizar su
financiación anual mediante un sistema de presupuestos. Pero esto no fue óbice para
que los establecimientos benéficos continuaran comportándose como organismos
autónomos, de manera que su trayectoria asistencial continuó estando condicionada
por sus propios recursos económicos, jugando la administración provincial un papel
secundario como garante del posible déficit.
En el caso del Hospital General de Valencia, el carácter provincial que le
confirió la ley de 1849, supuso cambios importantes en su financiación y
administración que hasta ese momento habían tenido un marcado carácter local, con
una importante contribución tanto de la iglesia local como del ayuntamiento de la
ciudad. Ambas rentas desaparecieron cuando el hospital fue clasificado como de
carácter provincial, por lo que la diputación tuvo que compensar los problemas
financieros de la institución, realizando un importante esfuerzo presupuestario en los
años inmediatos posteriores a la aplicación del nuevo marco legal de la beneficencia.
Un segundo aspecto que también le afectó seriamente fue el proceso de
desamortización de los bienes del clero que se inició en 1836 y continuó con la ley
desamortizadora de 1841 y la desamortización de 1855. La crisis que enfrentó a la
642 Desde la segunda mitad del siglo XVIII, la ciudad de Alicante también había desarrollado sus
propios recursos asistenciales para atender a los más necesitados. Pascual Artiaga, M. (1999).
643 Carasa Soto, P (1985).
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