Organización sanitaria y de la higiene pública en la provincia de ...

vio abocado a un momento de franca crisis. La situación se vio agravada cuando en
enero de 1933 el Ayuntamiento de Valencia, propietario del inmueble que venía
ocupando el dispensario, lo desalojó para trasladar al lazareto su instituto de
oncología. Estas eran las palabras de Llopis Llorente:
“[...] El desahucio equivale a una condena de muerte, ya que, carente el
Dispensario de ingresos, no tiene capacidad económica suficiente para
alquilar un local donde trasladarse. Es el momento más crítico de la vida
del Centro, del que le salva el Inspector Provincial de Sanidad, recién
destinado a Valencia, doctor Tomás Peset Aleixandre, que decide
acogerle en, el aún en construcción Instituto Provincial de Higiene
[...]” 533 .
Así pues, el nuevo enfoque que Tomás Peset quiso dar a la sanidad
provincial, con la incorporación de los diferentes dispensarios encargados de las
principales luchas sanitarias en el nuevo instituto provincial de higiene a su cargo,
constituyó la piedra de salvación del viejo dispensario de Gil y Morte. De esta
manera, al ser desalojado del inmueble que ocupaba, las distintas pertenencias del
antiguo dispensario se trasladaron a los sótanos, recién acabados, del nuevo edificio
destinado a IPHV, donde pasó a denominarse dispensario antituberculoso provincial.
Con esta denominación comenzó a funcionar el 1 de mayo de 1933, dependiendo del
organismo continuador de la antigua junta provincial antituberculosa, que se llamó
sucesivamente, de acuerdo con la organización vigente en cada momento, comisión
gestora provincial de lucha antituberculosa, comisión sanitaria provincial y comisión
provincial antituberculosa.
Esta situación se mantuvo hasta la promulgación del Decreto de 29 de agosto
de 1935 que reorganizaba la lucha antituberculosa y por el cual el dispensario pasaba
a depender directamente del estado. Pero al parecer ésta no pasó de ser una situación
teórica, pues las convulsiones políticas que se vivían en aquellos momentos afectaron
notablemente la maquinaria administrativa estatal, situación que determinó que el
dispensario no llegase a percibir consignación presupuestaria alguna del Estado.
533 Llopis Llorente, R. (1940).
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