Organización sanitaria y de la higiene pública en la provincia de ...

sus funciones propias, servirían de auxiliares a los inspectores municipales de
sanidad. También recomendaba el establecimiento de laboratorios municipales donde
pudiesen sostenerse y, de manera obligada en los municipios que contasen con más
de 10.000 habitantes.
Amparado en el reglamento publicado por el Estado, Valencia contó con su
propio Reglamento de Higiene a partir de 1926 270 , elaborado desde la inspección
provincial de sanidad, en el que quedaban recogidas las responsabilidades de los
municipios de la provincia en materia sanitaria -atmósfera, aguas, terreno, vía
pública, habitaciones, construcciones, alimentos y bebidas, panaderías, venta de
leches, vaquerías y cabrerías, lavaderos y baños, viviendas para obreros, fondas,
escuelas, templos, cafés y casas de comidas, fábricas, teatros, cementerios, defensa
contra las enfermedades contagiosas, vacunación, peluquerías y barberías,
ferrocarriles e hidrofobia-.
La nueva norma incluía en el rango de autoridades sanitarias a los inspectores
municipales de sanidad, subdelegados de sanidad, jefe del laboratorio municipal de
higiene y al director del instituto provincial de higiene, al tiempo que dejaba
constituido el cuerpo de inspectores municipales de sanidad. En relación con las
competencias de los servicios municipales ya establecidos en la ciudad de Valencia,
el reglamento planteaba su actuación de manera coordinada con los servicios de
carácter provincial -brigada sanitaria e instituto provincial de higiene- cuando la
situación lo requiriese. El artículo 202 establecía que “El Ayuntamiento de Valencia
sostendrá un Laboratorio municipal, el cual cumplirá con todas las funciones que
afectan a la Sanidad municipal. Se complementarán cuando sea preciso por el
Servicio sanitario provincial con los que conservará las relaciones, derechos y los
intercambios científicos indicados en el artículo 61 del Reglamento de Sanidad
Municipal”.
La llegada de la Segunda República, además de ratificar lo que estaba en
vigor desde 1925 en lo referente a sanidad municipal, aportó sucesivos intentos de
racionalización en lo relativo a la coordinación de los recursos higiénico-sanitarios y
asistenciales, que culminaron con la Ley de Bases de Coordinación Sanitaria de
270 Reglamentos (1926a).
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