Organización sanitaria y de la higiene pública en la provincia de ...

legal de los que habilitaban para el ejercicio de estas profesiones. El papel otorgado
al gobierno civil se centraba en la supervisión de la adecuación de los títulos
académicos de los profesionales sanitarios, así como de sus contratos. La junta
provincial de sanidad se constituía en el organismo encargado de llevar el inventario
de los facultativos municipales, pueblos de la provincia en que servían, y número de
expediente, con la finalidad de elaborar la estadística, informar a los municipios y
demás corporaciones administrativas ó científicas, y al gobierno, así como de librar a
los interesados las certificaciones que pudiesen serles necesarias.
Antes de finalizar el siglo, todavía vio la luz un nuevo reglamento, el de 14 de
junio de 1891, cuya aportación en el terreno organizativo fue escasa en relación a los
que le precedieron, ya que mantendrá la organización de la asistencia en los mismos
términos que el reglamento de 1870, tanto en lo relativo a la facultad de los
municipios para contratar titulares que atendiesen el servicio benéfico, como en su
cuantía y distribución en función del tamaño de las poblaciones. No obstante, esta
situación de continuidad afectó más a las poblaciones pequeñas, que en realidad eran
las que habían puesto en marcha en mayor o menor grado la beneficencia pública
domiciliaria.
Sin embargo, en las grandes poblaciones el impulso en el desarrollo de la
salud pública, que en general comenzó a ponerse en evidencia en la última década
del ochocientos, despertó el interés por asumir las competencias que en el terreno de
la asistencia benéfico-sanitaria habían merecido hasta el momento escasa atención. Si
bien la mayoría de capitales de provincia habían hecho caso omiso a los intentos de
organización propuestos hasta la fecha para implantar la hospitalidad domiciliaria,
con la publicación de este nuevo reglamento se percibió un cierto despegue en su
desarrollo. Una de sus consecuencias fue la elaboración un “registro de pobres” con
derecho a asistencia gratuita en las grandes ciudades, así como la contratación de
facultativos municipales, a quienes además de sus deberes propios les atribuía la
competencia de atender el servicio de las casas de socorro. También comenzaron a
hacerse sentir tímidamente las primeras señales de lo que supuso el inicio de la etapa
de modernización de la salud pública española, fundamentalmente en lo relativo a la
ampliación de competencias de los facultativos municipales, hacia aspectos
diferentes a la mera asistencia a los casos de enfermedad y a los nacimientos y
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