Organización sanitaria y de la higiene pública en la provincia de ...

Las funciones atribuidas en este reglamento a los facultativos titulares
contemplaban, además de la asistencia sanitaria gratuita a los pobres, las de prestar
los servicios sanitarios de interés general que el gobierno y sus delegados
encomendasen, apoyar a las corporaciones municipal y provincial en lo relativo a la
policía sanitaria y prestar, en casos de urgencia y con la correspondiente
remuneración, los servicios que el gobernador les encargase en las poblaciones
próximas. La duración de los contratos de los facultativos con los ayuntamientos se
establecía en cuatro años.
Un nuevo reglamento a cargo del gobierno de la Primera República, se
publicó el 24 de Octubre de 1873 para poner en práctica los preceptos de la
Constitución de 1869 y de la Ley Municipal de 1870, guiados de un espíritu
descentralizador que intentaba devolver al municipio la administración de sus
intereses particulares. Con arreglo a este criterio, el gobierno sólo debería intervenir
en los asuntos relacionados con la administración de los ayuntamientos, en los casos
en que entrasen en conflicto dos o más municipios en lo que pudiera verse afectada la
salubridad de la nación. Llevado al terreno de la organización de la asistencia
sanitaria, ello se traducía en la adquisición de una autonomía plena por los
ayuntamientos, a la hora de contratar a sus facultativos titulares, perdiendo la
dependencia del gobierno civil que establecían la Ley de Sanidad de 1855 y el
Reglamento de 1868, para realizar la elección más oportuna de los facultativos. Sin
embargo, la mayor autonomía municipal concedida por este reglamento, fue vivida
con recelo por la profesión médica, al considerar que ni la voluntad de la mayoría de
los municipios, ni el estado de los presupuestos municipales, favorecerían el
desarrollo de la asistencia sanitaria de los pueblos y las condiciones laborales de los
profesionales sanitarios a su cargo 239 .
Las funciones que este reglamento asignaba a los médicos titulares, no
sufrieron variaciones respecto a las establecidas en el reglamento de 1868, y la
titulación que se exigía para poder optar a una plaza de médico municipal era la de
doctor ó licenciado en medicina y cirugía, ó estar en posesión de cualquier título
239 En este reglamento se omitía la regulación de las remuneraciones que los ayuntamientos debían
pagar por los servicios sanitarios, además de los criterios para catalogar a los vecinos como pobres,
dejándolo a la arbitrariedad de los ayuntamientos.
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