Organización sanitaria y de la higiene pública en la provincia de ...

facultativos deberían percibir en sus contratos con los ayuntamientos en función de la
población a asistir, y de los vecinos particulares en el caso de que se estableciesen
igualas. Sin embargo, tanto este primer intento regulador como un segundo que tuvo
lugar en 1864, se vieron abocados al más rotundo fracaso, al chocar de pleno con la
realidad social y económica de la mayoría de municipios, que vivían en la más
absoluta precariedad y falta de recursos, lo que hacía inviable asumir innovación
organizativa alguna.
El vacío existente hasta el momento, en lo referente a la regulación de la
organización de la asistencia sanitaria de los pueblos, había concedido plena libertad
para que aquellos municipios que lo deseasen, pudieran contratar libremente a sus
facultativos y acordar en su caso particularmente con ellos, tanto el tipo de asistencia
que debían proporcionar y las personas a las que debían atender, como la forma y
cuantía de la remuneración a percibir por ello. La única obligación contraída con la
autoridad provincial, consistía en que ésta debía sancionar el nombramiento del
facultativo en cuestión, dada la competencia del gobernador en materia de regulación
del ejercicio de las profesiones sanitarias. Por ello, el objeto de la reglamentación que
el gobierno central pretendía poner en marcha para homogeneizar todos estos
aspectos, no tuvo una buena acogida al restar libertad de actuación a los
ayuntamientos para la contratación de estos servicios a cargo de los presupuestos
municipales, y a un coste que la mayoría no podían asumir 237 .
El interés por no volver a fracasar en un nuevo intento de organizar la
asistencia sanitaria de los pueblos, es el que llevó al gobierno a elaborar en 1868 un
nuevo reglamento, con extraordinario detalle y con gran minuciosidad en su
desarrollo. La idea de que el prestar asistencia gratuita a los que carecen de los
medios necesarios para procurársela, es un “imperioso deber que la caridad impone
al Estado”, es la que impulsó la promulgación de este Real Decreto, aún
reconociendo el propio ministro de la gobernación, Luis González Bravo, las
dificultades que su aplicación ofrecía por haberse de extender a pueblos de escasos
recursos, y muchos de ellos de reducido vecindario y difíciles medios de
237 El fracaso en los sucesivos intentos por regular la organización de la asistencia sanitaria de los
pueblos, ha sido valorado por nuestra parte a través de la situación concreta en la provincia de
Valencia. Barona, C. (2000).
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