Organización sanitaria y de la higiene pública en la provincia de ...

Pocos años después, una Orden de 1929 173 estableció que las diputaciones
provinciales y ayuntamientos que fuesen capitales de provincia o contasen con un
número de almas superior a 20.000, y que no dispusiesen de sus propios dispensarios
antivenéreos, debían contribuir con subvenciones al mantenimiento de los servicios
montados por las juntas provinciales o municipales de sanidad. Además atribuía a los
inspectores provinciales de sanidad, como jefes técnicos de los servicios de profilaxis
antivenérea, la tarea de hacer saber la cuantía de los presupuestos con que contaban
estos servicios, a la Dirección General de Sanidad, de acuerdo con las instrucciones
de la Real Orden de 24 de diciembre de 1926 en la que se había dispuesto que las
juntas provinciales de sanidad confeccionarían anualmente los presupuestos de
ingresos y gastos para las atenciones de servicios de profilaxis pública de las
enfermedades venéreo-sifilíticas.
Finalmente, la Orden de 27 de mayo de 1930, estableció las bases de
reorganización de la lucha antivenérea, planteando la obligatoriedad de su
tratamiento y la necesidad de investigar las fuentes de contagio 174 . Además planteaba
la organización del servicio de lucha oficial que pasaba por la unificación de los
métodos terapéuticos y serológicos utilizados en los dispensarios antivenéreos, la
creación de una junta central antivenérea, que a través de una comisión permanente
tramitaría y resolvería todos los asuntos relacionados con estos, y la provisión de las
plazas de médicos de la “lucha oficial antivenérea” por oposición pública en
Madrid 175 . Diferenciaba el doble perfil de médico clínico y médico bacteriólogo, que
les hacía depender directamente de la Dirección General de Sanidad, así como el
mantenimiento económico de este servicio bajo los presupuestos del estado,
diputaciones y municipios con más de 20.000 almas.
La aportación de la etapa republicana a la lucha antivenérea estuvo marcada
por dos importantes acontecimientos, el primero, la supresión del impuesto a las
173 Orden de 8 de enero de 1929 sobre la subvención por ayuntamientos y diputaciones a dispensarios
antivenéreos.
174 A tal efecto, proponía la creación de un cuerpo de enfermeras visitadoras, procedente de la Escuela
Nacional de Sanidad, para cooperar con las autoridades sanitarias y médicos de estos servicios en la
investigación del origen del foco, asignándoles además una importante labor de educación sanitaria a
“las muchachas inexpertas y a las mujeres ignorantes acerca de los peligros de que han sido
contagiadas”.
175 Con arreglo al reglamento y programa aprobados por Real Orden de 11 de julio de 1927.
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