ley que crea el instituto de seguridad jurídica patrimonial de yucatán.

Los remanentes, deberán ser puestos a disposición de la Secretaría de
Hacienda del Gobierno del Estado de Yucatán, para su aplicación al gasto de
inversión en obras y acciones y al pago de la deuda pública del Estado.
Según se requiera, en los casos de enajenación a que se refiere este
artículo, el Instituto podrá llevar a cabo la desafectación y posterior
desincorporación de los bienes, activos y derechos correspondientes, previa
autorización del comité que se cree para tales efectos y de conformidad con la
legislación aplicable.
Artículo 221. En las obligaciones de pasivo directas, indirectas o contingentes,
derivadas de créditos, préstamos, empréstitos, emisiones de valores o
financiamientos a cargo de fideicomisos en los que el Instituto participe con
carácter de fideicomitente o fideicomisario, en los términos señalados en esta Ley,
se estará a lo dispuesto en la Ley de Deuda Pública del Estado de Yucatán y
demás disposiciones aplicables de la materia.
Artículo 222. La enajenación, cesión, afectación o disposición que se realice por
cualquier medio, de los activos, ingresos y de otros bienes muebles e inmuebles
propiedad del Instituto, sin llevar a cabo un procedimiento de subasta pública, se
sujetará a los principios de imparcialidad, buena fe, veracidad, honradez,
publicidad, transparencia, previsión y eficiencia, observando en todo momento que
se realice en condiciones favorables para el Estado y que se cumplan las
disposiciones legales aplicables.
Artículo 223. El Instituto llevará su contabilidad de conformidad con las
disposiciones aplicables en la materia. Los estados financieros del Instituto,
podrán ser auditados por una firma de contadores públicos, autorizados conforme
a la ley.
Artículo 224. El Instituto deberá publicar sus balances consolidados anuales en el
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.