ley que crea el instituto de seguridad jurídica patrimonial de yucatán.

este Título desglosa aquellos conceptos jurídicos que se requieren para la correcta
interpretación de la Ley, como el de archivo notarial, catastro, consejería, entre
otras.
En lo que respecta al Título Segundo denominado “Registro Público”,
integrado por 17 capítulos, se establecen conceptos jurídicos propios que atañen
al registro público como el de acervo registral, al cual señala como el conjunto de
documentos físicos o en medios electrónicos, ópticos o por cualquier medio
tecnológico de almacenamiento, que contienen los asientos registrales o
documentos relacionados con ellos, asimismo establece en qué consiste la
anotación, la anotación preventiva, el asiento registral, entre otros. De igual
manera señala que el servicio registral será público, por lo que los encargados del
Registro Público tendrán la obligación de permitir a las personas solicitantes,
enterarse de los asientos que obren en folios y documentos relacionados con
inscripciones archivadas; también establece que las sentencias dictadas en el
extranjero podrán ser registradas o anotadas solamente si no contravienen las
leyes mexicanas y que la autoridad judicial competente, ordenare su ejecución.
Este Título aborda principios registrales como el de publicidad, inscripción,
especialidad, consentimiento, tracto sucesivo o continuo, rogación, prioridad o
prelación, legalidad, calificación, legitimación, fe pública y apariencia jurídica;
también contempla lo referente al sistema registral, el cual está integrado por un
Sistema Registral Informático y un Sistema Manual de Información, en los que se
realiza la captura, almacenamiento, custodia, seguridad, consulta, reproducción,
verificación, administración y transmisión de la información registral del Estado; de
igual manera, aborda lo concerniente del Acervo Registral, del Sistema Registral
Informático, de la firma electrónica acreditada, de las estadísticas registrales; hace
referencia sobre la coordinación en materia de registro de comercio y los actos
mercantiles registrales que deriven de leyes federales.
Del mismo modo, establece disposiciones acerca de los documentos
registrables sobre los cuales se determinará cuáles son objeto de registro; la
determinación del grado de prelación de éstos en casos como el de la existencia