ley que crea el instituto de seguridad jurídica patrimonial de yucatán.

objeto; las utilidades, intereses, dividendos, pagos, rendimiento de sus bienes,
derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal; los ingresos
que por concepto de derechos y demás pagos, se obtengan por la prestación de
los servicios a cargo del Instituto; los derechos que deriven en favor del Instituto,
por la prestación de sus servicios, incluyendo derechos de cobro y cualesquiera
otros tipos de contribuciones; los beneficios o frutos que obtenga de su patrimonio
y las utilidades que logre en el desarrollo de sus actividades y los recursos
derivados de créditos, préstamos, empréstitos, financiamientos, incluyendo
emisión de valores y apoyos económicos que obtenga con o sin la garantía del
Gobierno del Estado, así como los recursos que se obtengan de la enajenación,
afectación, cesión o disposición que se haga por cualquier medio, de los activos,
derechos, bienes e ingresos que integran el patrimonio del Instituto o que derivan
de la prestación de sus servicios.
También se contempla la administración y conducción del Instituto, misma
que será a cargo de la Junta de Gobierno y la Dirección General del Instituto,
quienes serán responsables de vigilar el cumplimiento de las disposiciones
legales, así como velar por su cumplimiento para que la imparcialidad y objetividad
impere en sus actividades. Por lo que el Instituto tendrá por objeto llevar a cabo la
seguridad patrimonial en el Estado, de una manera profesional, responsable,
oportuna, transparente, ágil y sencilla, con apoyo en los medios tecnológicos que
le permitan proporcionar un servicio que garantice seguridad jurídica a las
transacciones inmobiliarias, mobiliarias y a las personas de derecho privado y
público, dándose la publicidad registral.
Siendo que con esta Ley, se establecen las bases normativas para avanzar
en la consecución de los objetivos estratégicos fijados para impulsar a Yucatán
hacia nuevos estadios de competitividad y a la vez, se contribuye a que los
gobiernos, estatal y municipales, sean eficientes y eficaces, al dar respuesta a las
necesidades de la sociedad.
Así también, con el nuevo Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial, se
busca garantizar con mayor certeza los derechos de la ciudadanía en materia
patrimonial y fortalecer la convivencia pacífica que conlleva, así como la