ley que crea el instituto de seguridad jurídica patrimonial de yucatán.

En este orden de ideas, en el Catastro Inmobiliario se debe inscribir,
mediante declaración obligatoria de sus propietarios, todos los bienes inmuebles
rústicos, urbanos y especiales. Con los datos que figuran en las inscripciones
catastrales, el Catastro debe asignar el valor catastral que se utiliza en varios
impuestos y forma cada año los padrones de los impuestos sobre bienes
inmuebles.
Obviamente, las funciones catastrales deberán ir evolucionando en la
medida que los requerimientos de la sociedad exijan tales transformaciones en los
métodos utilizados, los servicios prestados y los fines perseguidos; las cuales a su
vez deben reflejarse necesariamente en la legislación respectiva, ya que la
modernización funcional para ser válida, requiere de la modernización jurídica.
Consecuentemente, el Catastro, el Archivo Notarial y el Registro Público de
la Propiedad deben actuar coordinadamente con el fin de dar certeza y
transparencia al mercado inmobiliario y de negocios, de forma que con las
correctas referencias catastrales que puedan ser consignadas en todos los
documentos objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad que afecten a los
actos o negocios relativos al dominio y demás derechos sobre los bienes
inmuebles.
Por todo lo anterior y con el propósito de fortalecer la unidad orgánica de la
Administración Pública Estatal que será responsable de dar cumplimiento a la
visión de modernización, sistematización, actualización y mejora de las
instituciones públicas, se considera necesario crear el Instituto de Seguridad
Jurídica Patrimonial de Yucatán, como un organismo público descentralizado de la
Administración Pública de Yucatán, con personalidad jurídica, patrimonio propio y
autonomía de gestión, sectorizado a la Consejería Jurídica, el cual se regirá por lo
previsto en esta Ley, su Estatuto Orgánico, el Reglamento y las demás
disposiciones legales aplicables, responsable de dirigir, coordinar, organizar,
ejercer, vigilar y evaluar, llevar a cabo las funciones públicas correspondientes al
Registro Público, Catastro y al Archivo Notarial, en el Estado, para otorgar la
correcta y apropiada seguridad jurídica en materia patrimonial.