Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado

COMISIÓN DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA GUBERNAMENTAL,
C P C MARTHA PAZ ARROYO
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.
A partir del pasado primero de enero entró en vigor en el país la Ley Federal de
Responsabilidad Patrimonial del Estado, legislación que actuará para proteger y
garantizar el pago de los daños causados a los ciudadanos por la acción, omisión,
o deficiente prestación de algún servicio de la Administración Pública Federal así
como a los Organismos constitucionales autónomos del Estado, así mismo, sus
disposiciones serán aplicables para cumplimentar los fallos de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, y las recomendaciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, que se refieran a pago de
indemnizaciones y que deban ser atendidas por las entidades federales.
Tiene la siguiente estructura:
CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES
[Artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
CAPITULO II DE LAS INDEMNIZACIONES
Artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16
CAPITULO III DEL PROCEDIMIENTO
Artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
CAPITULO IV DE LA CONCURRENCIA
Artículos 27, 28, 29, 30
CAPITULO V DEL DERECHO DEL ESTADO DE REPETIR CONTRA LOS
SERVIDORES PÚBLICOS
Artículos 31, 32, 33, 34, 35
TRANSITORIOS
Artículos, Primero y Segundo Transitorios
Esta Ley, es reglamentaria del artículo 113 Constitucional, la iniciativa que surgió
del Senado de la República, fue aprobada por 387 votos a favor 0 en contra pese
a los muchos obstáculos que encontró tanto en autoridades como en legisladores,
ya que la minuta estuvo dos años detenida en la Cámara de Diputados. El pasado
31 de diciembre de 2004, fue promulgada finalmente por el Presidente de la
República.
Dicha legislación es un instrumento mediante el cual el particular podrá reclamar al
Estado el daño patrimonial derivado de la actividad administrativa irregular la cual
se define como “aquella que cause daño a los bienes y derechos de las personas
que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento
legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate”. Estos
daños y perjuicios deben ser reales y evaluables en dinero.
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Se establecen candados para evitar se afecten los programas de las
dependencias de gobierno y se fijan topes para garantizar el pago de
indemnizaciones, entre los que resaltan: se establecen que para reparar el daño y
no afectar económicamente a la institución responsable de este, se destinará el
0.3 al millar del presupuesto a cada una de las dependencias, igualmente que la
indemnización por daño moral que el Estado esté obligado a cubrir, no excederá el
equivalente a 20 mil veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito
Federal, por cada reclamante afectado. Con el propósito de cumplir con esta ley
La Secretaría de Hacienda destinó en el presupuesto aprobado para este año, 395
millones de pesos. Con ellos se pagará a los ciudadanos que interpongan juicios
ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) si éste
considera que tienen razón.
Asimismo, se establecen mecanismos de negociación que permitan cumplir con
esta obligación ya sea en efectivo y sin que forzosamente sea en una sola
entrega, sino que se pueda dar en dos o más ejercicios fiscales (con actualización
de la cantidad a indemnizar) o, en su caso, con el pago en especie.
Para evitar abusos, se establece la obligación de los entes públicos federales de
denunciar ante el Ministerio Público a toda persona que directa o indirectamente
participe, coadyuve, asista o simule la producción de daños con el propósito de
acreditar indebidamente la responsabilidad patrimonial del Estado o de obtener
alguna de las indemnizaciones
Cada ente público federal debe llevar un registro de indemnizaciones debidas por
responsabilidad patrimonial, que será de consulta pública.
Asimismo, en el Capítulo III “Del Procedimiento”, se precisa que las resoluciones o
sentencias que se dicten con motivo de los reclamos que prevé la ley deberán
contener, entre otros elementos, el relativo a la existencia o no de la relación de
causalidad entre la actividad administrativa y el daño producido y, en su caso, la
valoración del mismo, así como el monto en dinero o en especie de la
indemnización, explicitando los criterios utilizados para su cuantificación.
Las partes, a través de la celebración de convenios, pueden resolver las
controversias derivadas de daños en el patrimonio de los particulares con motivo
de la actividad del Estado, bajo la supervisión de la contraloría interna o del
órgano de vigilancia correspondiente. Esta alternativa podría representar algunas
ventajas para las partes involucradas, especialmente en materia de ahorro de
tiempo y, eventualmente, de carácter financiero.
En muchas ocasiones, la actuación ilícita de la Administración Pública, a través del
actuar reprochable (mala fe, ilicitud, dolo o negligencia) de sus agentes o
servidores públicos genera la responsabilidad del pago de las indemnizaciones, en
estos casos no debe ser carga sólo para el Estado y son ellos quienes deberán
enfrentar también las consecuencias de sus actos.
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Para ello, en el Capítulo V Denominado del “Derecho del Estado de Repetir
Contra los Servidores Públicos” destaca el hecho de que éstos últimos se verán
en la obligación de asumir el costo del daño causado a particulares, una vez que
se haya determinado su responsabilidad –como falta grave- en el daño o perjuicio
causado, previa substanciación del procedimiento administrativo disciplinario
previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos
El Estado puede, también, instruir igual procedimiento a toda persona que
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la
Administración Pública Federal, cuando le hayan ocasionado daños y perjuicios en
sus bienes y derechos derivados de faltas o infracciones administrativas graves. Lo
anterior, sin perjuicio de lo dispuesto por otras leyes aplicables en la materia.
En resumen, contamos con un instrumento de defensa de la ciudadanía frente a la
autoridad administrativa, por los daños y perjuicios que le pudiera ocasionar una
mala administración pública, se trata de una ley que no busca identificar culpables
sino restituir o restablecer al particular afectado en su patrimonio, mediante el pago
de una indemnización. Sin embargo, es casi nula la difusión que se le ha dado.
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CPC MARTHA PAZ ARROYO
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