Sentencia C-225 -95 Exequibilidad de Protocolo II - Fiscalía General ...

24/ 10/ 12 Sent encia
gozan del estatuto de prisioneros guerra, se entiende el sentido de una disposición destinada a
procurar que la autoridad en el poder conceda una amnistía lo más amplia posible, por
motivos relacionados con el conflicto, una vez concluido el mismo, ya que de esa manera se
puede lograr una mejor reconciliación nacional.
43- En ese orden de ideas es pues claro que el Protocolo II no está obligando al Estado a
conceder obligatoriamente amnistías, ya que la norma establece únicamente que las
autoridades "procurarán" conceder este tipo de beneficios penales. Además, este artículo del
Protocolo II tampoco ordena al Estado a amnistiar todos los delitos cometidos durante la
confrontación armada, puesto que simplemente señala que la amnistía será "lo más amplia
posible". Y, finalmente, teniendo en cuenta las consideraciones hechas en el punto anterior, es
obvio que esas amnistías se refieren precisamente a los delitos políticos o conexos, puesto
que ésos son los que naturalmente derivan de "motivos relacionados con el conflicto".
Esto significa entonces que el Estado colombiano se reserva el derecho de definir cuáles son
los delitos de connotación política que pueden ser amnistiados, si lo considera necesario, para
lograr la reconciliación nacional, una vez cesadas las hostilidades. Es pues una opción política
perfectamente compatible con la Carta, puesto que ésta establece que el Legislador podrá en
todo momento "conceder, por mayoría de dos tercios de los miembros de una y otra Cámara
y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos
políticos" (CP art. 150-17). Además, la posibilidad de que se concedan amnistías o indultos
generales para los delitos políticos y por motivos de conveniencia pública es una tradición
consolidada del constitucionalismo colombiano, puesto que ella se encuentra en todas nuestras
constituciones de la historia republicana, desde la Carta de 1821 hasta la actual Carta.
La constitucionalidad de las disposiciones finales del Protocolo II.
44- El artículo 19 establece que "el presente Protocolo deberá difundirse lo más ampliamente
posible". La Corte considera que esta norma es no sólo perfectamente compatible con la
Constitución sino de vital importancia, por cuanto el conocimiento del derecho internacional
humanitario es un requisito esencial para su respeto por las partes enfrentadas. Por ello no
sólo este tratado sino todos los convenios de derechos humanitario confieren especial
trascendencia a la labor de divulgación de las normas humanitarias, no sólo entre las partes
enfrentadas sino también entre la población civil, para que esta última conozca sus derechos
frente al conflicto armado. Además, en la medida en que las normas humanitarias hacen parte
del bloque de constitucionalidad, se debe entender no sólo que el Estado debe divulgarlas sino
que su estudio es obligatorio en las instituciones educativas (CP art. 41).
En particular, la Corte encuentra indispensable el conocimiento por parte de los miembros de
la Fuerza Pública de las normas humanitarias, no sólo por ser ellos naturales destinatarios de
esta normatividad sino, además, porque la propia Constitución señala que se les deberá
impartir la enseñanza de los derechos humanos (CP art. 222).
45- Los artículos 20 a 28 se refieren a aspectos procesales del Protocolo II, puesto que
regulan las formalidades de firma (art. 20), ratificación (art. 21), adhesión (art. 22) entrada en
www. f iscalia. gov. co: 8080/ just iciapaz/ Docum ent os/ Nor m at iva/ Sent encia_225_Pr ot ocolo_I I . ht m
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