Sentencia C-225 -95 Exequibilidad de Protocolo II - Fiscalía General ...

24/ 10/ 12 Sent encia
encuentra una disposición relativa a la concesión de amnistías e indultos entre las partes
enfrentadas, una vez concluidas las hostilidades, a pesar de que ese tratado tiene más de cien
artículos. Además, la disposición del Protocolo I que consagra las garantías procesales, a
saber el artículo 75, tiene una redacción casi idéntica al artículo 6º del Protocolo II, pero
excluye cualquier referencia a las amnistías.
Esta omisión del Protocolo I no es un olvido inadvertido, ni implica que aquellos combatientes
que hayan sido capturados por una de las partes, quedarán privados de la libertad incluso
después de haber concluido el conflicto armado. Esa omisión tiene una clara justificación, ya
que en el caso de las guerras internacionales, los combatientes capturados por el enemigo
gozan automáticamente y de pleno derecho del estatuto de prisioneros de guerra, tal y como
lo señala el artículo 44 del Protocolo I y el artículo 4º del Convenio de Ginebra III de 1949
relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. Ahora bien, como ya se señaló en esta
sentencia, una de las características esenciales de quienes gozan del estatuto de prisionero de
guerra es que ellos no pueden ser penados por el solo hecho de haber empuñado las armas y
haber participado en las hostilidades, puesto que, si los Estados están en guerra, se considera
que los miembros de los cuerpos armados respectivos tienen derecho a ser combatientes. La
parte que los captura únicamente puede retenerlos, con el fin de disminuir el potencial bélico
del enemigo; pero no puede sancionarlos por haber combatido. Por consiguiente, si el
prisionero de guerra no ha violado el derecho humanitario, entonces una vez finalizadas las
hostilidades, deberá ser liberado y repatriado sin demora, tal y como lo señala el artículo 118
de la citada Convención de Ginebra III. Y, si ha violado el derecho humanitario, entonces
debería ser sancionado, como criminal de guerra, si se trata de infracciones graves, o podría
recibir otros castigos por las otras infracciones que haya cometido, pero no podrá, en ningún
caso, ser penado por haber sido combatiente.
No es pues necesario que los Estados, una vez concluida una guerra internacional, se
concedan amnistías recíprocas, pues los prisioneros de guerra deben ser automáticamente
repatriados. En cambio, en los conflictos armados internos, en principio los alzados en armas
no gozan del estatuto de prisioneros de guerra y están, por consiguiente, sujetos a las
sanciones penales impuestas por el Estado respectivo, puesto que jurídicamente no tienen
derecho a combatir, ni a empuñar las armas. Si lo hacen, entonces están cometiendo, por ese
solo hecho, delitos como la rebelión o la sedición, los cuales son sancionados por el orden
jurídico estatal ya que, como se señaló anteriormente, la aplicación del derecho internacional
humanitario en un conflicto interno no implica reconocimiento de beligerancia, ni modifica el
estatuto jurídico de las partes en conflicto, ni suspende la vigencia del derecho penal estatal.
Precisamente, por eso el Protocolo II extiende, en el inciso segundo del artículo 2º, la
protección humanitaria a aquellas personas que sigan privadas de la libertad por motivos
relacionados con el conflicto interno. Y ésa es una de las razones esenciales por las cuales
esta Corte ha considerado que el Protocolo II, lejos de vulnerar la soberanía del Estado
colombiano, es profundamente respetuoso de la misma, por lo cual se adecúa a la
Constitución.
En tales circunstancias, como en un conflicto interno, en principio los alzados en armas no
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