Sentencia C-225 -95 Exequibilidad de Protocolo II - Fiscalía General ...

24/ 10/ 12 Sent encia
limitación en los estados de excepción (CP art. 93).
Como es obvio, la imperatividad de las normas humanitarias y su integración en el bloque de
constitucionalidad implica que el Estado colombiano debe adaptar las normas de inferior
jerarquía del orden jurídico interno a los contenidos del derecho internacional humanitario,
con el fin de potenciar la realización material de tales valores.
El Protocolo II, el artículo 3 común y el respeto de la soberanía nacional.
13- Entra entonces la Corte a analizar la constitucionalidad de las normas específicas del
tratado bajo revisión. Así, el preámbulo y el artículo 1º señalan que el Protocolo II es un
desarrollo del artículo 3º común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949.
Además, según los artículos 20 y 22, un Estado no puede ser parte del Protocolo II si no ha
ratificado esos cuatro Convenios de Ginebra de 1949. Por consiguiente, como bien lo señala
el Ministerio Público, el artículo 3º común constituye la matriz y el referente obligado para la
comprensión de la naturaleza y alcance de las normas del Protocolo II.
Este artículo 3º común -aprobado por Colombia por medio de la Ley 5º de 1960, ratificado el
8 de noviembre de 1961 y cuya constitucionalidad no se discute en esta sentencia- contiene
una serie de obligaciones para las partes en conflicto, las cuales son reproducidas y ampliadas
por el articulado del Protocolo II. Ellas son entonces estudiadas posteriormente en esta
sentencia. Pero este artículo también contiene otras cláusulas específicas de gran
trascendencia para la interpretación del Protocolo II.
14- De un lado, el artículo 3º común señala que la aplicación de sus disposiciones "no surtirá
efectos sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto". Esta pequeña frase implicó, en su
momento, una verdadera revolución jurídica, puesto que permitió que, en los conflictos
internos, la aplicación de las normas humanitarias dejara de estar subordinada al
reconocimiento de beligerancia de los insurrectos.
En efecto, antes de los Convenios de Ginebra de 1949, un sector de la doctrina consideraba
que el derecho de los conflictos armados sólo operaba una vez que el Estado en cuestión, o
terceros Estados, hubiesen reconocido la beligerancia de los alzados en armas. Esto significa
que para que un grupo rebelde pudiera ser considerado sujeto de derecho internacional
humanitario era necesario que se le reconociera previamente como verdadero sujeto de
derecho internacional público, puesto que, en términos muy elementales, la declaratoria de
beligerancia confiere a los rebeldes o grupos armados irregulares un derecho a hacer la guerra
en igualdad de condiciones y con iguales garantías internacionales que el Estado. Con tal
declaratoria, los beligerantes dejan entonces de estar sujetos al orden jurídico nacional, y el
conflicto interno se transforma en una guerra civil que se rige por las normas propias de las
guerras interestatales, ya que los alzados en armas son reconocidos, ya sea por el propio
Estado, ya sea por terceros Estados, como una "comunidad beligerante" con derecho a hacer
la guerra. En esa situación, aquellos beligerantes que sean capturados por el Estado gozan
automáticamente y de pleno derecho del estatuto de prisioneros de guerra, y por ende no
pueden ser penados por el solo hecho de haber empuñado las armas y haber participado en
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