Sentencia C-225 -95 Exequibilidad de Protocolo II - Fiscalía General ...

24/ 10/ 12 Sent encia
Posteriormente el Procurador analiza el rango del Protocolo II en el esquema constitucional
colombiano. Según su criterio es claro que, conforme a los artículos 9º, 214 y 93 de la Carta,
este tratado ocupa un rango preferente en el orden jurídico colombiano. Sin embargo
considera que dicha prevalencia no puede ser interpretada como una suerte de supraconstitucionalidad.
En efecto, según la Vista Fiscal:
"La armonización del artículo 93 con las exigencias del artículo 4º constitucional sobre la
prevalencia de la Carta Fundamental sobre toda otra norma conduce más bien a la
necesidad de postular una integración horizontal (bloque de constitucionalidad) entre los
tratados internacionales sobre derechos humanos y las disposiciones de la Constitución,
sobre el horizonte de un modelo dualista moderado de articulación entre el Derecho
Internacional y el Derecho Constitucional. Nótese, en este mismo sentido, cómo las normas
constitucionales sobre reforma de la Carta no tienen prevista la posibilidad de que el
Gobierno o el Congreso, de manera separada o de consumo, realicen reformas
constitucionales mediante la aprobación y ratificación de tratados internacionales."
Luego del anterior examen de la naturaleza y constitucionalidad del Protocolo II, el
Procurador estudia los problemas de su aplicación y aplicabilidad al conflicto interno
colombiano.
Así, la Vista Fiscal analiza las condiciones previstas por el artículo 1º y considera que los
grupos guerrilleros colombianos actuales en general las cumplen. De un lado, los alzados en
armas tienen un mando responsable y capacidad para realizar operaciones sostenidas y
concertadas, como lo demuestra "la existencia de una dirección capaz de planear y de
desarrollar ofensivas militares en una amplia y dispersa base territorial, a través de sus
distintos frentes." Según su criterio, "la regionalización creciente -vg. fragmentación- del
movimiento guerrillero y la autonomía relativa de sus frentes -sobre todo de los más
bandolerizados- no constituye todavía un argumento contra la evidencia de que las guerrillas
colombianas tienen una comandancia nacional relativamente efectiva."
De otro lado, según el Procurador, la exigencia de control territorial debe ser interpretada de
manera amplia, y no de acuerdo al paradigma de la guerra clásica entre los Estados, puesto
que el Protocolo II fue concebido para conflictos dentro de los Estados. En tales
circunstancias, señala la Vista Fiscal:
"Supuesto que el Protocolo II existe para ser aplicado, acaso resulta necesario entender
que el dominio territorial al cual aluden sus dictados puede ser un dominio territorial
nómada, vale decir, un dominio territorial edificado sobre la libre conservación de las
vías de circulación y sobre el control social -vg. sobre la consolidación de un adentro y un
afuera sociales-. Lo anterior implica la aceptación de que los dominios territoriales
guerrilleros son porosos y aun, intermitentes.
En cualquier caso no cabe duda de que la guerra de guerrillas colombiana sigue siendo
todavía, a pesar de la creciente inserción urbana y aun, a pesar de la creciente
bandolerización de los grupos insurgentes, una guerra orientada por un proyecto
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