Sentencia C-225 -95 Exequibilidad de Protocolo II - Fiscalía General ...

24/ 10/ 12 Sent encia
los últimos diez años uno de cada 60 colombianos fue obligado a migrar por factores
violentos.
El 71% de las personas forzosamente desplazadas son jóvenes menores de 25 años y el 24%
de los hogares tenían a mujeres por cabeza de familia, de ellas 39.316 habían perdido en
forma violenta a sus esposos o hijos con anterioridad al desplazamiento. Unos 1570
huérfanos niños o jóvenes abandonados han asumido la responsabilidad del núcleo
familiar.
La investigación concluyó que "la principal causa del desplazamiento en Colombia tiene
relación con la violencia política generada a partir del conflicto armado interno que
enfrenta el Estado con grupos insurgentes, con la consiguiente violación de los derechos
humanos y las transgresiones al derecho internacional humanitario". Teniendo presente
que en 32% el desplazamiento obedece a la acción de dos o más actores armados, se
concluyó que la guerrilla era responsable del 31.87% de las migraciones forzosas, los
paramilitares del 21.08%, las milicias populares del 3.84; y por parte de las fuerzas del
Estado, que las Fuerzas Militares eran responsables del 19.56%, la Policía del 5,42 y el
DAS del 1.58%..
En cuanto a los hechos violentos que obligan al desplazamiento forzoso, la investigación
del Episcopado concluyó que el 46% provenía de amenazas (de muerte), el 16.94% de
homicidios, el 11.24% de atentados, el 6.12% de desalojos, el 4.76% de torturas, el 3.65 de
coacciones y el 2.05% de bombardeos.
Finalmente, el ciudadano analiza el artículo 18 del convenio, según el cual entidades como la
Cruz Roja pueden ser utilizadas para la protección de las víctimas. Según su criterio, este
artículo "establece un ofrecimiento, mas no una imposición que vaya en contra la soberanía
nacional." Pero lo cierto es que estos "organismos de socorro, como el suministro de víveres
por parte de ellos, lo mismo que las iniciativas de la población civil para recoger y cuidar los
heridos, enfermos y náufragos, constituyen un legítimo ejercicio del deber constitucional de
´obrar conforme al principio de solidaridad, respondiendo con acciones humanitarias ante
situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas´. (art. 95)".
A partir de todo lo anterior, el ciudadano Rubiano Sáenz considera que la Corte no sólo debe
declarar exequible el Protocolo II sino que se debe abstener "de formular interpretación
restrictiva alguna que pueda fundar reserva o declaración al momento de la adhesión."
Además solicita a esta Corporación "que en la parte resolutiva expresamente declare que los
principios humanitarios contenidos en el Protocolo II vinculan actualmente a la República, sin
que obste para ello la circunstancia de no encontrarse perfeccionado para la nación el
correspondiente vínculo jurídico internacional."
3.6. Intervención del Doctor Ciro Angarita Barón
El ciudadano Ciro Angarita Barón interviene en el proceso para defender la constitucionalidad
del Protocolo II.
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