Sentencia C-225 -95 Exequibilidad de Protocolo II - Fiscalía General ...

24/ 10/ 12 Sent encia
- que ocurra entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados
organizados.
- que esos grupos armados organizados tengan una dirección de un mando responsable,
- que esos grupos ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita
realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo."
De otro lado, el ciudadano Rubiano Sáenz muestra que la soberanía del Estado colombiano
no se ve afectada por la aplicación del Protocolo II, puesto que éste establece que ninguna de
sus disposiciones puede ser utilizada con la finalidad de que un Estado intervenga en los
asuntos de otros o que se menoscabe "la soberanía de un Estado o la responsabilidad que
incumbe al gobierno de mantener o restablecer la ley y el orden en el Estado o de defender la
unidad nacional y la integridad territorial del Estado por todos los medios legítimos". Todo
esto armoniza con el artículo 9º de la Carta que fija como fundamento de las relaciones
exteriores, entre otros, la soberanía nacional y el respeto a la autodeterminación de los
pueblos.
Procede entonces el ciudadano a analizar los artículos 4º al 18 que consagran las formas de
protección a la población no combatiente y muestra que todas ellas son perfectamente
congruentes con los valores, principios y derechos consagrados en la Constitución.
Así, el artículo artículo 4º obliga a las partes en conflicto a distinguir entre combatientes y no
combatientes, a fin de proteger a estos últimos. Según el ciudadano este trato diferente es
constitucional pues "quienes no combaten directamente, en razón de esa condición física, se
encuentran en una circunstancia de debilidad manifiesta", por lo cual sería injusto no distinguir
entre unos y otros. Además, todas las protecciones de este artículo coinciden con normas
constitucionales.
Igualmente, los artículos 5º y 6º protegen a las personas privadas de la libertad o que van a
ser objeto de un juicio penal, por medio de una serie de garantías que, según el ciudadano
Rubiano Sáenz, son una expresión del respeto a la dignidad de la persona humana y a varios
de sus derechos inalienables, como la vida, la libertad religiosa y de expresión, la salud, la
seguridad, la intimidad, derechos que ampliamente tutela nuestro ordenamiento constitucional.
El título III protege a los heridos, enfermos y náufragos y "constituye -según el intervinienteuna
aplicación del principio constitucional de la solidaridad (preámbulo), de los deberes de
solidaridad y humanidad (art. 95,2); así mismo, una garantía específica al derecho a la salud
(art. 49), del derecho fundamental de libertad religiosa (art. 19) y de la inviolabilidad del
secreto profesional (art. 74)."
El título IV regula uno de los aspectos esenciales del derecho humanitario pues protege a la
población civil, lo cual encuentra, según el interviniente, perfecto sustento constitucional. Es
cierto, señala el ciudadano, que no siempre es fácil "distinguir la población civil de los
combatientes en el caso de un conflicto armado interno -como el que sufre Colombia-" pero
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