Sentencia C-225 -95 Exequibilidad de Protocolo II - Fiscalía General ...

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Ministerio de Defensa, entre otras instancias, para que ajusten la legislación vigente a las
consecuencias de la incorporación de este tratado".
3.5. Intervención de la Conferencia Episcopal de Colombia.
El ciudadano Pedro Rubiano Sáenz, Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia,
interviene en el proceso con un extenso escrito destinado a defender la constitucionalidad del
Protocolo II.
El ciudadano comienza por señalar que, según lo ha indicado la Conferencia Episcopal desde
noviembre de 1989, "el Derecho de Gentes rige aun sin necesidad de ser reconocido por un
ordenamiento legal alguno". Este criterio, según el interviniente, coincide con la sentencia C-
574/92, por lo cual es lícito concluir que el Protocolo II es actualmente "aplicable en
Colombia, no en virtud de estar vinculada la Nación al texto positivo, cuanto de encontrarse
sometida a esos principios que hacen parte del Derecho natural de gentes y de los cuales el
Protocolo II es una expresión formal y positiva".
Esta conclusión deriva, además, de la plena coincidencia entre el tratado bajo revisión y la
Constitución . Así, según el preámbulo del Protocolo II, el Derecho internacional humanitario
se basa en el respeto a la persona humana en caso de conflicto armado y, según la Carta, la
República de Colombia está "fundada en el respeto de la dignidad humana" (art. 1º C.P.).
"¿Cómo podría -se interroga el ciudadano- plantearse una oposición entre el Protocolo II y la
Legislación interna, incluida la Carta?"
Igualmente, las relaciones exteriores de Colombia se fundamentan en el reconocimiento de los
principios de Derecho internacional (art. 9º C.P.). "¿Cómo podría plantearse -se interroga
nuevamente el interviniente- un conflicto entre los principios del Derecho de gentes,
codificados en el Protocolo II, y la legislación interna que expresamente reconoce, a nivel
constitucional, la vigencia del Derecho internacional humanitario (cfr. art. 214, 2, C.P.)?"
De otro lado, según el ciudadano, el Protocolo II incorpora la llamada Cláusula Martens,
según la cual "para los casos no previstos en el Derecho vigente, la persona humana
permanece bajo la salvaguardia de los principios del Derecho de gentes que resultan de los
usos establecidos entre las naciones civilizadas, del principio de humanidad y de las exigencias
de la conciencia pública". Esto significa, según el ciudadano Rubiano Saénz, que incluso si se
admitiera que el Protocolo II no es derecho positivo vigente en Colombia, de todos modos "la
persona humana se encuentra salvaguardada en el conflicto interno que padece nuestro país
por los principios de humanidad que tal tratado reconoce".
Esta cláusula Martens es además congruente con el artículo 94 constitucional, ya que éste
"constituye un expreso reconocimiento y aceptación constitucionales de todos los derechos
que son inherentes a la persona humana, estén o no reconocidos positivamente, y teniendo
presente que el Derecho internacional humanitario es el reconocimiento de un mínimo de tales
derechos para los conflictos armados, se puede válidamente concluir que la Constitución
reconoce y acepta los principios contenidos en el Protocolo II a pesar de no encontrarse éste,
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